Ciertamente, en lo que respecta a la investigación de los delitos de drogas en Argentina, el caso Itatí, al que Gendarmaria denominó «Operación Sapucay», marca un antes y un después.

No tanto por la cantidad de droga contrabandeada desde Paraguay por el río Paraná, unas 18 toneladas de marihuana incautadas en 28 operativos realizados en 2011 y entre 2014 y 2017.

Más importante que eso es la forma en que el archivo ha ascendido en la escala de responsabilidades hasta límites que rara vez se alcanzan: un juez federal (con concurso electoral, para más información), dos alcaldes de Corrientes, tres narcotraficantes, policías locales y federales, gendarmes y abogados.

Un primer proceso judicial -en el que se detectó que la marihuana llegaba desde Itatí a la Capital Federal para ser vendida en el municipio de Barracas 21- culminó en 12 convictoss. A esto se sumó un segundo caso relacionado con el primero, en el que también hubo condenas, no menos de 30.

En ambos casos, las sentencias fueron definitivas tras un recurso de casación. Incluso en un tercer caso (una reunión de decenas de «causas relacionadas»), otro grupo de 14 personas fue declarado culpable.

Los números son impresionantes, pero aún así el peso pesado no está en ese trasfondo, sino en lo que vino después de esas primeras condenas.

Para empezar, en agosto de 2019 comenzó un juicio oral sin precedentes que ahora se encuentra en la recta final de los argumentos. Con un detalle importante: de los 45 imputados que llegaron a esta instancia, 33 ya han firmado acuerdos de prueba abreviados con el Ministerio Público por condenas que van desde los 3 años y medio hasta los 12 años de prisión.

Si bien los acuerdos solo son válidos cuando son aprobados por los jueces del tribunal oral (en el momento del veredicto), su firma solo por parte del imputado indica que aceptó su responsabilidad dentro de la red de narcóticos.

Entre los que firmaron para abreviar están el ex alcalde de Itatí, Natividad «Roger» Terán, su diputado, Fabio Aquino, el ex alcalde de Empedrado, Juan Manuel Faraone, y el narco Federico Sebastián «Morenita» Marín.

Natividad «Roger» Terán, tras su detención.

Pero no termina ahí.

Cuando termine esta carrera, habrá otra muy importante que tomar. Este último debate oral tendrá como protagonista al ex juez federal de Corrientes Carlos Soto Dávila, quien está acusado de cobrar sobornos en beneficio de narcotraficantes en complicidad con sus dos secretarias y un equipo de cinco abogados.

Esta parte de la investigación ya ha sido llevada a juicio, pero las audiencias aún no han comenzado. Por el momento, la Sala decidió que serían juzgados por el Tribunal Federal de Corrientes, ya que en esa jurisdicción se habrían pagado los derechos de matrícula.

El ex juez federal de Corrientes Carlos Soto Dávila, procesado por favorecer el narcotráfico.

El ex juez federal de Corrientes Carlos Soto Dávila, procesado por favorecer el narcotráfico.

Macroproceso

Itatí es lo que se suele llamar en los medios «megacusa»: diferentes archivos que tienen un mismo hilo conductor y responden a una misma organización.

En este caso, la fiscalía califica la investigación de «macroproceso» y por eso la abordó el miércoles, al inicio de la fase de denuncia.

Con gráficos, mapas, escuchas telefónicas y todo tipo de material educativo, los detalles del trato y el rol de sus protagonistas fueron explicados durante cinco horas por Diego Iglesias, titular de la Fiscalía de Narcocriminalidad (Procunar).

La explicación formó parte de los argumentos de la fiscalía en un juicio por el Juzgado Oral Federal No. 3 que comenzó el 29 de agosto de 2019, atravesó la pandemia con base en las arduas audiencias de Zoom y ahora entra en la recta final.

El tejido de la organización es tan complejo, extenso y tiene tantos actores (127 personas involucradas en las distintas etapas) que los representantes del Ministerio Público dividieron el trabajo entre Iglesias, el fiscal federal Juan García Elorrio y el fiscal auxiliar Martín Uriona.

Cada uno abordará un aspecto diferente de la organización acusada de «tráfico ilícito de estupefacientes – en forma de comercio – como coautores, agravado por el uso de menores de dieciocho años y por la intervención de funcionarios públicos «.

En este punto, es necesario recordar que en el caso se comprobó que existía el «colegiado» y que el término indica que los chicos de Itatí estaban acostumbrados a descargar marihuana de barcazas que cruzó el río Paraná. Desde Corrientes, la droga viajaba principalmente a Buenos Aires, pero también tenía mercado en Rosario, Santiago del Estero, Córdoba, Catamarca y Tucumán.

El equipo de fiscales ya anunció que tomará tres días (en el caso de este caso, tres miércoles) para argumentar ante los jueces Andrés Basso, Fernando Machado Pelloni y Javier Ríos.

Morenita, Cachito y Gordo

Además de la complicidad, en el caso fueron detenidos los tres narcotraficantes que contrabandeaban marihuana en Itatí: Carlos «Cachito» Bareiro, Federico «Morenita» Marín y Luis «El Gordo» Saucedo.

El reclamo de Diego Iglesias se centró en parte en escuchar las conversaciones entre ellos. En uno de ellos, Bareiro, que está ligeramente por encima de los dos compañeros en cuanto a importancia, Le pide a un amigo que le lleve una pistola y un celular a la cárcel del Chaco ya que ningún miembro de su círculo íntimo estaba disponible.

Bareiro se negó a firmar un juicio abreviado en el que la fiscalía lo había condenado a 15 años de prisión. Por tanto, es uno de los 12 imputados que aún disputan la disputa hasta el día del veredicto.

Otros dos en la misma situación son un subcomisionado y un sargento de la Comisaría Federal de Corrientes, donde se encontraron 10 kilos de marihuana sin identificación.

El caso de «Morenita» Marín es diferente. Después de estar prófugo durante tres años, se rindió cuando lo rodearon. Un video muy recordado, realizado por Gendarmería, lo muestra atrincherado durante horas en una casa modesta. Marín no se dejó esposar hasta que le trajeron a sus hijos y pudo despedirse de ellos. «Morenita» firmó una sentencia abreviada de 12 años de prisión.

Federico Sebastián “Morenita" Marin.

Federico Sebastián “Morenita» Marín.

En cuanto a Saucedo, fue detenido en Paraguay en septiembre de 2019, por lo que tendrá un juicio separado. Para él, el estado argentino incluso ofreció una recompensa de millón y medio de pesos.

EMJ

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