Qué sucederá con la medida clave: impacto en economía argentina

En su afán por lograr una victoria política y hacer avanzar la reforma laboral, el gobierno de Javier Milei volvió a dar muestras de que la pelea más difícil no es contra el kirchnerismo ni los sindicatos, sino contra las cajas de las gobernaciones provinciales, cualquiera sea su color político.

Entre los seguidores del oficialismo, no se ocultó cierta frustración por el hecho de que la rebaja del impuesto a las Ganancias para las empresas haya sido cedido como prenda de negociación para que se pudiera aprobar el resto de la ley de reforma laboral.

No es, por cierto, la primera vez que Milei debe ceder ante los gobernadores. Ya en el mismo inicio de su gestión, cuando presentó el ambicioso proyecto de la «ley ómnibus» -luego devenida en la Ley Bases-, el capítulo fiscal fue el primero en dejarse de lado, ante la evidencia de que el «peronismo dialoguista» puede estar dispuesto a compartir el costo político pero no el costo financiero.

La situación se repitió a mediados del año pasado, cuando en medio de su saga de derrotas legislativas, Milei volvió a ceder ante los gobernadores, que amenazaban con aprobar por ley una coparticipación automática total de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Y, por cierto, la pulseada estaba justificada: estaba en juego una caja que, a pesos de hoy, equivalía a $400.000 millones semestrales.

Ante el ahorro compulsivo que les había impuesto Toto Caputo a los gobernadores -dado que es el ministro quien aprueba las transferencias de los ATN-, los gobernadores plantearon un desafío al gobierno que ponía en riesgo el mismo principio de equilibrio fiscal.

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Este fondo se compone por el 1% de la masa coparticipable neta, más el 1% de lo recaudado por Bienes Personales. Su creación tiene el objetivo de atender situaciones de emergencia o de desequilibrio financiero imprevisto. La discusión radicaba en cómo se atribuyen las transferencias. Hubo años en que se repartió la totalidad de lo recaudado -por ejemplo, durante la pandemia- pero en otros momentos casi no se transfirieron recursos.

El promedio de lo que se transfirió en los últimos años es de 26%. Pero hace un año se marcó un mínimo de 7% repartido sobre lo devengado, lo cual derivó en la rebelión de las provincias.

Un impuesto sin marketing político

¿Y ahora? A pesar de la retórica de Milei, que fustiga a los gobernadores por la presión impositiva con la que castigan al aparato productivo -sobre todo con el impuesto a Ingresos Brutos y las impredecibles tasas municipales-, no se vislumbran posibilidades de que el gobierno pueda concretar la baja de Ganancias en el corto plazo.

Varias provincias están pasando dificultades de caja, como quedó en evidencia con la huelga policial en Santa Fe -una situación similar había ocurrido el año pasado en Misiones-. Y en las negociaciones por la ley de reforma laboral quedó claro que los gobernadores se ven a sí mismos con bajo margen de maniobra en el plano fiscal.

El hecho de que el recorte en la recaudación coparticipable recién se hiciera efectivo a partir de 2027 tampoco fue un aliciente para los gobernadores: la mayoría de ellos ponen en juego sus cargos, según el calendario electoral, y esos suelen ser los años de aumento en el gasto público regional.

No sólo argumentaron que si se aprobaba el proyecto tendrían un costo de $3 billones -cuando la mayoría de los analistas, incluyendo ex funcionarios peronistas, calculaba que el costo efectivo sería de $1,7 billones-, sino que además plantearon una dificultad política para convalidar esa reforma.

Ocurre que, tal como estaba planteado, el recorte de Ganancias podía ser interpretado como «un beneficio para el «1% más rico». Ocurre que, aunque el universo de empresas que tributa Ganancias supera la cifra de 140.000, solamente el 1% está dentro del grupo que paga más de $1.000 millones al año -lo cual representa el 76% de lo que se recauda por el impuesto-.

Por consiguiente, en el debate político se torna difícil argumentar que el objeto principal de la rebaja en Ganancias sea el de un alivio a las pyme para que puedan contratar más personal. Más bien al contrario, se notó la dificultad del gobierno para argumentar que el recorte del impuesto a las empresas terminaría redundando en un beneficio para los trabajadores -que sí se ven afectados por Ganancias de la cuarta categoría-.

Una carta de negociación

Claro que desde el gobierno se trata de plantear la situación como un retroceso estratégico, para más adelante volver a insistir con el recorte en la alícuota de Ganancias. El ministro Toto Caputo, tras recordar que durante su gestión hubo bajas de impuestos por el equivalente a 2,5% del PBI, advirtió: «Y queremos seguir bajando impuestos, porque todavía son altos y distorsivos».

De hecho, en pleno debate por el retroceso en algunos sectores de la industria, el gobierno planteó que este alivio tributario sería una compensación por la apertura comercial a la importación y por la apreciación de la moneda nacional.

Sin embargo, desde las provincias se ve este tema como un capítulo cerrado. Es más, hay interpretaciones políticas que apuntan a que, en realidad, Milei nunca se propuso el recorte de Ganancias, sino que lo incluyó en el texto original del proyecto justamente para tener una carta de negociación si se tensaba la discusión con los gobernadores.

Así lo describe el senador chubutense Carlos Linares: «Esta reforma nunca estuvo en discusión. Esta fue una mentira desde el primer momento. Lo usaron como el famoso: ‘¿dónde esconder un elefante?, ponemos muchos elefantes y escondés el que querés’. Eso lo hicieron para apretar a los gobernadores y asegurarse los votos».

¿Milei insistirá con el recorte?

Y también hubo chicanas desde la oposición para que el gobierno central hiciera efectivo el recorte -de 30% a 27% en la alícuota, pero que asumiera el sacrificio su mitad de la recaudación y mantuviera la coparticipación a las provincias.

Quienes hacen ese planteo toman un cálculo del propio gobierno, según el cual el sacrificio fiscal de Ganancias se verá compensado por mayores ingresos derivados del mayor nivel de empleo formal y por el crecimiento del PBI. Hablando en plata, sería un costo inicial de 0,65% del PBI, que se repartiría en un 0,5% para la nación y un 0,15% para las provincias.

Pero claro, esa recuperación sería de forma gradual, siempre asumiendo que la economía crece a una tasa de 4%. Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal prevé que la recuperación de la recaudación por Ganancias se lograría en 2030.

Mientras tanto, habría un impacto inmediato, difícil de asumir. En el caso del gobierno nacional, sería de casi $2 billones. Y en el de la provincia de Buenos Aires, de $239.000 millones, lo que deja en claro que la oposición de Axel Kicillkof no solamente estaba fundada en un sesgo ideológico.

Lo cierto es que, aun cuando desde un punto de vista político, el gobierno sienta su obligación de impulsar el recorte de Ganancias, tampoco le viene mal asegurarse la continuidad de ese ingreso, sobre todo cuando se tiene en cuenta que en enero se registró el sexto mes consecutivo de caída interanual real de la recaudación impositiva, y debe mantener el superávit fiscal como pilar de su programa.

En resumen, el gobierno de Javier Milei se enfrenta a la resistencia de los gobernadores provinciales para llevar a cabo la rebaja del impuesto a las Ganancias, lo que pone en evidencia las complejidades políticas y fiscales que rodean esta medida. Aunque existen argumentos a favor y en contra, la incertidumbre persiste sobre si finalmente se concretará este recorte y cuál sería su impacto en la economía nacional.