El Gobierno y FATE no logran acuerdo en negociaciones por cierre de planta
El Gobierno retomó este lunes las negociaciones para encausar las negociaciones por el cierre de FATE, sin lograr que las partes alcancen un acuerdo. Durante la segunda audiencia convocada por la secretaría de Trabajo, la empresa pidió el desalojo de la planta ubicada en San Fernando, ocupada desde el miércoles por los trabajadores en reclamo de la continuidad de las fuentes laborales.
La situación en la negociación
La cita virtual fue encabezada por la directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Mara Mentoro. Arrancó a las 12.30 y se extendió hasta pasadas las 17 con la presencia del jefe de Relaciones Laborales de FATE, Santiago Ferri, y el líder del sindicato del neumático (SUTNA), Alejandro Crespo, bajo un clima de tensión luego de que la empresa anunciara su cierre el miércoles, junto con 920 despidos.
Durante la reunión, la principal fabricante de neumáticos con más de 80 años en Argentina sostuvo que «quiere cumplir la conciliación obligatoria pero que no puede reabrir la planta porque está ocupada por el sindicato», según fuentes de FATE. También se habló de la imposibilidad del ingreso para revisar la maquinaria, mientras aguarda novedades sobre la orden de desalojo presentada ante la Justicia.
Posiciones de las partes
Desde el SUTNA, señalaron que la firma mantiene el control de las instalaciones con guardias y que «solo ofrecen dar tareas una vez que revisen las máquinas sin personal en la fábrica, pero no dan seguridad de continuidad laboral». El gremio realizó un festival el domingo frente a la fábrica y publicó un video en el que afirma que la planta cuenta con materia prima como para retomar tareas.
Repercusiones y disputas
En paralelo, la gestión de Milei mantiene una disputa con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, por la potestad del conflicto en la planta bonaerense: la Provincia también dictó el miércoles la conciliación obligatoria y realizó audiencias con la participación de ambas partes.
La fábrica de la familia Madanes Quintanilla, dueña del grupo Aluar, amaneció el miércoles con candados y carteles anunciando el cese de actividades por aparentes dificultades por la caída del consumo, la avalancha de importaciones chinas y la conflictividad con el sindicato conducido por la izquierda, que afirma que desde hace 14 meses no recibe un aumento salarial.
Decisiones y consecuencias
El Gobierno rechazó este lunes un pedido de Aluar, empresa que también es propiedad de Javier Madanes Quintanilla, para extender una medida antidumping para frenar la importación de aluminio chino, que estaba vigente desde 2020, durante el gobierno de Alberto Fernández.
Este derecho antidumping consistía en un arancel extra del 28% a esas importaciones, para proteger a la industria local frente a productos que ingresaban al país a precios considerados “injustamente bajos”. La decisión oficial profundizó así la apertura del comercio, en momentos que la industria atraviesa un estancamiento con pérdida de empleos.
Conclusiones
En medio de las tensiones con la fabricante de neumáticas, el Gobierno y FATE no logran alcanzar un acuerdo en las negociaciones por el cierre de la planta. La situación se mantiene en un punto muerto, con la planta ocupada por los trabajadores y sin perspectivas claras de resolución en el corto plazo.
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