En medio de la creciente presión sobre los precios energéticos a nivel global debido a conflictos en Medio Oriente, el Gobierno argentino ha decidido postergar nuevamente la actualización del impuesto sobre los combustibles líquidos (ICL) hasta mayo. Esta medida, establecida a través del Decreto 217/2026 publicado en el Boletín Oficial, busca evitar un mayor impacto en los precios de los combustibles y atenuar la aceleración de la inflación que se ha observado en los últimos meses.
Postergación de impuestos a combustibles: impacto fiscal y estrategia antiinflacionaria
En este contexto, el Ejecutivo ha optado por diferir los incrementos restantes en los montos de los Impuestos sobre los Combustibles y al Dióxido de Carbono, derivados de las actualizaciones correspondientes a los años 2024 y 2025, para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil. Esta decisión se fundamenta en el objetivo de mantener un sendero fiscal sostenible que estimule el crecimiento económico, al tiempo que se busca evitar un impacto negativo en la inflación.
Combustibles: el costo fiscal de frenar aumentos supera los u$s2.300 millones
Desde mediados de 2024, el Gobierno ha venido postergando o desdoblando la actualización de los impuestos a los combustibles con el fin de mitigar el impacto en los precios al consumidor y, por ende, en la inflación. Estas postergaciones han implicado una resignación de ingresos fiscales estimada en más de u$s2.300 millones, según cálculos de la consultora Economía y Energía.
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Con la nueva medida, el Gobierno busca evitar un aumento significativo en los precios de las estaciones de servicio, que ya han experimentado un incremento promedio del 20% desde finales de febrero debido a la crisis energética global. La estrategia busca contener la inflación por debajo del 3% mensual, en un contexto de alzas pronunciadas en los precios internacionales de los combustibles.
En resumen, la decisión de postergar la actualización del impuesto sobre los combustibles líquidos responde a la necesidad de mantener un equilibrio entre el estímulo al crecimiento económico y la contención de la inflación en un contexto de incertidumbre global. Esta medida, si bien tiene un impacto fiscal significativo, busca proteger a los consumidores argentinos de mayores aumentos en los precios de los combustibles y contribuir a la estabilidad económica del país.
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