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El proyecto de reforma energética presentado por el Gobierno de Javier Milei ante el Congreso Nacional tiene como objetivo principal la reducción del déficit fiscal y el ordenamiento de las cuentas públicas a través de cambios en el esquema de asistencia estatal en el consumo de gas natural. Esta propuesta contempla la derogación de la Ley 27.637 que establece el Régimen de Zona Fría, normativa que amplió los beneficios tarifarios a varias provincias en 2021. En su lugar, se pretende implementar un sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) dirigido a sectores con vulnerabilidad socioeconómica específica.
La medida busca limitar los descuentos automáticos que actualmente reciben los residentes de las zonas beneficiadas, quienes disfrutan de rebajas significativas en sus facturas de gas. Con la nueva propuesta, se establecerán criterios de focalización basados en el nivel de ingresos de los grupos familiares, excluyendo a sectores de ingresos medios que antes estaban protegidos. Esta modificación podría afectar a cerca de 4 millones de familias que actualmente reciben el beneficio.
Por otro lado, el financiamiento del régimen de zona fría se verá afectado por un aumento en el recargo que alimenta el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas. Este incremento, que ahora puede llegar hasta el 11,25% del precio del gas, tiene como objetivo cubrir el déficit del fondo sin modificar directamente el esquema de subsidios. Sin embargo, esta medida ha generado controversia y podría enfrentar problemas legales por parte de distintos sectores políticos y administrativos.
La eliminación de los beneficios de zona fría y el aumento de los precios mayoristas del gas podrían resultar en un incremento directo en el costo de vida para los hogares de ciertas zonas del país. Además, los efectos de esta reforma ya se empiezan a sentir en sectores productivos, especialmente en las pequeñas y medianas empresas que han visto aumentos significativos en sus facturas de gas.
En resumen, la propuesta de reforma energética planteada por el Gobierno de Milei busca reestructurar el sistema de asistencia estatal en el consumo de gas natural, enfocándose en la focalización por ingresos en lugar de la pertenencia geográfica que regía anteriormente. Esta medida podría tener un impacto significativo en millones de familias y en la sostenibilidad económica de ciertos sectores productivos.
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