El concurso de firma postal ha estado en proceso durante 20 años.
La Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires resolvió anular la resolución de la Sala Nacional en Materia Mercantil que rechazó un recurso de apelación del principal accionista de Correo Argentino SA contra la negativa a separar al magistrado que tramitó la quiebra.
La resolución del máximo tribunal portuario se produjo pocos días después de que la fiscal ante la Cámara de Comercio, Gabriela Boquín, denunciara que la firma del Grupo Macri buscaba un tribunal amigo que le permitiera revertir el proceso del concurso de firma postal que Ya han pasado 20 años.
La decisión que dejó «sin efecto» el rechazo del recurso de inconstitucionalidad de Socma Americana SA por la Sala B de la Sala y ordenó remitir el expediente a ese Juzgado para que se pronuncie nuevamente sobre la admisibilidad del reclamo, fue tomada por mayoría. tres a dos.
Mientras que los jueces Santiago Otamendi (exsecretario de Justicia del Gobierno de Macri), Ins Weinberg (ex candidato del gobierno de Macri a la Fiscalía General de la Nación) y Marcela De Langhe cuestionaron que el tribunal nacional no tuvo en cuenta precedentes de casos similares Tampoco llevó a cabo la «sentencia de admisibilidad» del recurso, sus pares Luis Francisco Lozano y Alicia Ruiz consideraron que la propuesta de Socma no cumplía con los requisitos para posibilitar su intervención.
El asunto que llegó al máximo tribunal de la Ciudad de Buenos Aires se planteó el pasado mes de febrero, cuando la Sala B de la Cámara Nacional de Comercio rechazó, por demora, la solicitud de Socma de que la jueza Marta Cirulli sea removida del proceso sobre la quiebra preventiva del argentino. Correo.
Unos días antes, la Sala de la Sala había rechazado una propuesta de Socma, que, como accionista de la quebrada, solicitaba que se interviniera la Corte Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires en el proceso de recusación de la fiscal Gabriela. Boquin. , que también le fue adverso.
Socma sostuvo que el magistrado de primera instancia había incurrido en perjuicio y, como en el caso del fiscal de sala, actuó con «parcialidad» y evidente animosidad, lo que fue negado por Cirulli al momento de producir su «informe» sobre su impugnación.
Hace un par de semanas, la Sala B de la Cámara, integrada por Matilde Ballerini y Mara Gmez Alonso, ordenó que continuara la intervención judicial de la empresa, medida que había tomado Cirulli en marzo de 2020 cuando, para evitar «posibles perjuicios a los acreedores». «, ordenó el» desplazamiento total «de sus directivos.
Esta medida, emitida en el marco del proceso de «salvamento» de la empresa, había sido ordenada a solicitud de Boquín, quien contó con el apoyo del Fiscal de Hacienda de la Nación, Carlos Zannini, luego del fracaso de las propuestas de convenio de pago. a los acreedores y quejas de «vaciado».
Titular con información de Telam.