Deudas cruzadas entre el Estado y las distribuidoras eléctricas
El intento de negociación entre el gobierno de Javier Milei y las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur se frenó esta semana en el Congreso, y las deudas cruzadas entre el Estado y las empresas seguirán por el momento sin resolución.
En resumidas cuentas, Edenor y Edesur reclaman que el Estado nacional les debe el equivalente a unos 3.500 millones de dólares -en conjunto- por el congelamiento de tarifas que se extendió entre 2019 y 2024.
Corresponde a los ingresos no percibidos que se le debieron haber cobrado a los 6 millones de hogares, industrias y comercios que están en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), a razón de unos 10 a 12 dólares por mes.
Complejidades en la negociación
Los saldos deben ser auditados y pasar por un complejo proceso técnico antes de ser reconocidos por el Gobierno. Cualquier funcionario que firme eso es pasible de ser convocado años más tarde por la Justicia, lo que desde hace tiempo dilata la negociación administrativa.
En el otro lado, las compañías que operan en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano tienen reconocidas y regularizadas deudas con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) por unos US$ 700 millones, al no haber pagado la energía que distribuían.
Incumplimientos y consecuencias
El Estado, condecente del contrato, incumplió sucesivamente desde el fin de la Convertibilidad -en 2002- el marco regulatorio y congeló las tarifas en medio de la creciente inflación para hacer política económica distributiva a través de la energía.
Las distribuidoras y concesionarias hicieron maniobras financieras para pagar sueldos, mantenimientos mínimos e impuestos, pero con los ingresos que no percibieron dejaron de pagar la energía a Cammesa, comercializador central de la electricidad en todo el país.
Repercusiones y posibles soluciones
Las deudas se originaron entre diciembre 2019 y febrero 2024 por el incumplimiento de los contratos de concesión, que fueron firmados en 1992 y otorgados por 99 años. Y se pretendían compensar entre sí.
Asimismo, relegaron inversiones que perjudicaron la calidad del servicio y se reflejaron hasta ahora en mayor duración y frecuencia de cortes de luz.
Conclusiones y reflexiones
En cualquier caso, el «activo regulatorio» no reconocido por el Gobierno podría ser compensado con el «pasivo regulatorio» reconocido por las empresas y el Estado. El saldo restante, que las compañías aseguran que les quedaría a favor, es un valor que no pueden reflejar en los balances ante una oportunidad de venta de activos en el país.
Es un gran valor de la empresa a futuro, y también de los usuarios, porque si esos ingresos hubieran entrado a tiempo hoy tendríamos paneles solares en los techos, estaciones eléctricas y activos adaptados a la época.
Con todo, se trata de la primera frustración en la negociación de Manzano con el Gobierno, después de que el empresario abocado a energía y minería avanzara con la compra de Telefé por unos 100 millones de dólares y sea uno de los más firmes candidatos a quedarse con las 900 estaciones de servicio y la refinería de Shell en Argentina, por cerca de US$ 1.400 millones.
En resumen, la compleja situación de deudas cruzadas entre el Estado y las distribuidoras eléctricas en Argentina evidencia las consecuencias de decisiones políticas y financieras a lo largo de los años. La falta de acuerdos y las deudas acumuladas ponen en riesgo la calidad del servicio eléctrico y plantean desafíos en la búsqueda de soluciones equitativas para todas las partes involucradas.
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