La narcoviolencia en Rosario cobra cada vez más víctimas menores de edad y la protección del Estado no parece estar a la altura.
Pasaron 14 años para que los legisladores salieran de su letargo y finalmente designaran al defensor nacional de los derechos de la niñez y la adolescencia. En este caso al defensor, porque la selección recayó en la abogada Marisa Graham. Por ley tenían que haberla elegido en 2005, pero lo hicieron en 2020.
Un retraso imposible de justificar, teniendo en cuenta que los niños y adolescentes son quizás el grupo más frágil que existe. Dependen de sus padres o de sus dependientes, y no pueden alzar la voz y exigir la defensa de sus derechos en caso de que sean vulnerados, especialmente si la violación es doméstica.
La Defensoría del Pueblo tiene 3 años de existencia, que coincidieron con 3 años en los que -debido al cierre generalizado de colegios y al recrudecimiento de la crisis económica y social- los niños fueron particularmente violados en sus derechos.
En estos años, la Defensoría del Pueblo trabajó en diversas causas y generó documentos y recomendaciones en aquellas de mayor impacto público, que para muchas voces dejan poco sabor.
El último de los casos resonantes es el de narcoviolencia en rosario, que ha ido cobrando la vida de muchos niños y adolescentes. La semana pasada fue Máximo Jerez (12), y antes lo habían sido Lucas Caballero (13), Ambar Morena (6) o Ciro Caminos (1), entre muchos otros.
Ante el revuelo, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado la semana pasada, en el que informó que Dos de cada diez homicidios en Rosario afectan a niñas, niños y adolescentesy que entre 2019 y 2022 se duplicó la proporción de niñas y niños entre 0 y 19 años que fueron víctimas de homicidio.
“La Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes insta a que se tomen todas las medidas necesarias para proteger la vida e integridad física de las niñas y niños que están siendo víctimas de la violencia delictiva en Rosario sin dejar de respetar los estándares de derechos humanos (… Necesitamos seguridad ciudadana, pero también la restitución de los derechos económicos, sociales y culturales”, dice, entre otras cosas, el comunicado de la agencia.
La poca sazón se debe a que estos documentos no parecen ser escuchados por casi nadie. No se ven acciones significativas del Estado que son consecuencia de estos textos.
Y también porque se da en un contexto de artículos reducidos para los niños, que incluso la propia Graham denunció en su momento.
En un informe reciente -en el que revelaron que 2 de cada 3 niños en el país son pobres– Unicef advirtió que el presupuesto nacional para la infancia en 2023 caerá entre 13,3% y 22,2%de acuerdo a la inflación que se tome.
El Estado tardó 14 años en nombrar un defensor de la niñez y la adolescencia. ¿Cuántos más harán falta para que todos seamos conscientes de que son una prioridad? Y habrá que hacer algo más por ellos…
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Fuente: Titulares.com