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Auditora al Potenciar Trabajo: un programa que el Estado implementa a ciegas

«El 15 de agosto empieza una auditora que realizarn las universidades«, avis Sergio Massa. Se refera a los planes sociales. Lo dijo al presentar sus primeras medidas, unas horas despus de asumir como ministro de Economa.

Y agreg: «Quin no la cumpla, recibir la suspensin del plan«. 

En tiempos de vacas flacas, y cuando el objetivo del Gobierno es no gastar por encima de lo que se recauda, adems de reducir el dficit fiscal, el tigrense ratific que pondrn bajo la lupa una poltica que se increment de manera exponencial en paralelo a la llegada del Covid-19 a la Argentina.

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A razn de $ 23.925 para cada beneficiario por mes, Massa pretende afinar el lpiz en el Plan Potenciar Trabajo. Fue una de las primeras medidas que anunci. Existen 1,3 millones de personas que reciben ese programa. El anuncio gener ruido en los aliados del Frente de Todos que representan a los sectores ms postergados. El exdiputado solo aludi a ellos para hacerles recortes.

Pero el anuncio de Massa tiene su razn de ser. Desde el oficialismo reconocen que es un programa que se implementa a ciegas. Hay que poner las cosas en contexto. El 20 de marzo del 2020, mientras entraba en marcha el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), se sumaron, casi de la noche a la maana, 550.000 nuevos beneficiarios

La incorporacin de cientos de miles de personas al programa se hizo sin una previa radiografa. Por caso, el Estado no sabe qu nivel de formacin tienen los inscritos, o si cuentan con alguna capacitacin o formacin previa. Tampoco si los que adhirieron al plan aspiran a terminar el colegio secundario o prefieren volcarse al trabajo. 

Todos datos clave si se tiene en cuenta que el objetivo de Potenciar Trabajo es «contribuir a mejorar el empleo y generar nuevas propuestas productivas a travs del desarrollo de proyectos socio-productivos, socio-comunitarios, socio-laborales y la terminalidad educativa, con el fin de promover la inclusin social plena para personas que se encuentren en situacin de vulnerabilidad social y econmica».

A dos aos y cinco meses del lanzamiento de Potenciar Trabajo (que unific los programas Hacemos Futuro y Salario Social Complementario)  y de la incorporacin de ese ms medio milln de personas, desde el Ejecutivo dicen: «Queremos hacer un mapa de eso, que hoy no est».

El Ministerio de Desarrollo Social encabezado por Juan Zabaleta tampoco cuenta con informacin precisa sobre esos 1,3 millones de beneficiarios. Con un agregado: como el nmero se duplic en plena cuarentena, fueron muy pocos los que pudieron trabajar. Ninguno empez a estudiar.  

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«La persona da una contraprestacin u opta por terminar la escuela, pero como cuando se produjo (la incorporacin de 550.000 personas) no podan hacer nada por la cuarentena, solo una parte empez a trabajar en comedores», dijeron desde el Gobierno.

Es por eso que, a mediados de mes, pondrn en marcha la auditora. El Ministerio de Desarrollo Social, en tndem con universidades nacionales y municipios, convocar a los beneficiarios para hacerles una extensa encuesta. 

El ministro de Economa avis que podra haber suspensin de planes.

A partir de un cuestionario de cinco pginas, prevn poner en marcha diferentes polticas, adems de dar de baja algunos planes. Al menos por ahora no tienen estimacin alguna de en cunto se podra reducir el nmero. Vale recordar que, desde hace meses,  no hay ms «altas» del Potenciar Trabajo. 

De ese censo se podra desprender si las organizaciones intermediarias le cobran algn tipo de «peaje» a los beneficiarios del plan. En diciembre del ao pasado, se les habilit la posibilidad de cambiarse de unidad de gestin. En ese momento, unas 7000 personas (estiman que ahora deben ser ms) pidieron hacerlo denunciando irregularidades en las organizaciones en las que hacan prestaciones. 

El Ministerio de Desarrollo Social est «estudiando» esos sealamientos pero, por ahora, esas organizaciones -que pueden ser ONGs, comedores, organizaciones sociales o emprendimientos sociales- siguen operando como unidades de gestin. Hasta Critas administra algunos. Es que, para probar que desde el lugar se le cobra un «peaje» al trabajador, este debera hacer una denuncia por fraude ante la Justicia.

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Fuente: cronista.com

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