Cabe señalar que la OCDE aprobó la hoja de ruta para la adhesión de Perú en junio, luego de ser invitada en enero de este año. El nuevo canciller, Miguel Rodríguez Mackay, señaló que la incorporación es una política de Estado.
“Hay que tener claro hacia dónde va a ir la agenda, por ejemplo, en materia laboral o de pensiones. El proceso puede ser más importante que la meta. Hoy hay un cambio de gobierno, un cambio de congreso, un cambio en la correlación de fuerzas (dentro del congreso), y no está claro hacia dónde va la agenda de políticas públicas. Esto (el proceso de adhesión a la OCDE) es una política de Estado, y si no es así, no hay mucho que hacer, sobre todo en la coyuntura política en la que estamos”, indicó.
Agregó que el sector privado es clave en el proceso de adhesión, por lo que también se necesita un entorno más predecible.
“En la vinculación entre el Estado y el sector privado ha habido algunos avances en línea con el proceso de ingreso a la OCDE, como la regla antielusiva o el control previo de fusiones. Por un lado, un sector privado que tiene que aprender a jugar con estas reglas, por lo que la previsibilidad o saber qué se espera del sector público ayuda al entorno empresarial”, indicó.
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El también gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), Indicó que, con respecto a criterios más estructurales, debe haber una reforma del propio Estado, donde destacó la promoción de un análisis de la calidad regulatoria dentro de las normas, de la calidad de los servidores públicos y de una mayor protección social.
“Son puntos (en referencia al análisis de la calidad regulatoria) que deberían poder salir con un poco de esfuerzo político. Tiene que haber una reforma dentro de los servidores públicos, es fundamental que tengamos buenos cuadros dentro del gobierno, de lo contrario es muy difícil avanzar. La agenda de protección social pasa por desvincular el acceso adecuado a la salud independientemente de la situación laboral, y al mismo tiempo por una discusión sobre el fondo del sistema de pensiones y la informalidad”, señaló.
Restricción a la subcontratación laboral
El ex presidente del Consejo de Ministros, mercedes araoz, mencionó que, respecto de las políticas sociales que acompañan el proceso de adhesión a la OCDE, es necesario, además de una oferta educativa y de salud de calidad e infraestructura, desarrollo y oportunidades de empleo. En ese sentido, señaló que regulaciones como la restricción a la tercerización laboral van en contra.
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“Tiene que haber un orden para poder tener políticas públicas que tengan impacto en el territorio, como parte de las peticiones de agenda de la OCDE. Sin empleo no se puede tener un crecimiento adecuado, entonces se necesita tener una regulación que permita salir de la informalidad. No podemos crear leyes que no protejan el desarrollo del empleo y solo hacerlo con unas pocas, como el decreto supremo de subcontratación laboral o el mecanismos de sindicalización extrema. Es un riesgo seguir en esa agenda. Se necesita diálogo entre todos los actores sociales y privados”, señaló.
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todavía hay optimismo
Ulrik Vestergaard Knudsen, Secretario General Adjunto de la OCDE, dijo que aún es optimista sobre el ingreso de Perú a la OCDE.
“A partir de ahora el proceso será técnico y difícil. Vamos a ver qué te piden los 24 comités (Perú), y es la fase más importante. Me siento optimista sobre el proceso que se va a seguir”, precisó.
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Beneficios de unirse a la OCDE
El Secretario General Adjunto de la OCDE señaló los cuatro principales beneficios que tendría el Perú si ingresara a esta lista de 38 países.
- Reputación: los miembros envían un mensaje a sus inversionistas de que se buscan los más altos estándares en las políticas de Estado, con un mercado transparente y abierto, con objetivos de desarrollo sostenible
- Oportunidad de ser parte de debates globales: oportunidad de brindar soluciones innovadoras a problemas clave en torno a temas como la salud y la educación.
- Apoyo a las reformas nacionales: la OCDE conoce las mejores prácticas para preocupaciones como la reducción de la desigualdad, la promoción de la inversión y la innovación, la lucha contra la corrupción, entre otras.
- Responsabilidad compartida: la membresía permite a los países coordinar sus políticas en torno al crecimiento sostenible y la eficiencia.
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