Tras diez años de enfrentamientos, batallas y promesas incumplidas, Bruselas no confía en la palabra de Viktor Orbán. La Comisión Europea ha dado hoy luz verde al plan de recuperación presentado por Budapest, clave de las ayudas del fondo anticrisis de la UE, pero no autorizará ningún pago hasta que cumpla y ponga en marcha las reformas que contiene. A la retención de este primer tramo de ayuda por valor de 5.800 millones de euros, de los que podría perder la mayor parte si la situación no se resuelve antes de final de año, se suma otra propuesta, en este caso para inmovilizar 7.500 millones de euros de los fondos autonómicos. asignado al país magiar también por problemas relacionados con el estado de derecho.
«Los fondos no llegarán hasta que Hungría cumpla correctamente» con las 27 medidas clave incluidas en su plan de recuperación antes de poder presentar la primera solicitud de fondos, ha anunciado el vicepresidente del ejecutivo comunitario, Valdis Drombroskis. El comisario de presupuestos, Johannes Hahn, por su parte, ha concluido que aunque «Hungría avanza en la dirección correcta», «todavía existe un riesgo para el presupuesto comunitario» porque quedan por aplicar medidas correctoras clave, por lo que mantiene su propuesta. por no autorizar el pago de los referidos fondos regionales. Bruselas ha acordado con Budapest varias reformas que afectan a la independencia judicial y la lucha contra la corrupción. «Vamos a seguir muy de cerca cómo aplica Hungría estas medidas. Aquí no vale cumplir una parte para recibir una parte de los fondos», advirtió el comisario de Justicia, Didier Reynders.
Budapest mantiene su veto a dos decisiones de la UE sobre Ucrania y la fiscalidad
En total, las medidas afectan a ayudas europeas por valor de 13.300 millones de euros. La última palabra la tiene el Consejo, la institución donde se sientan los gobiernos, que tiene hasta el 19 de diciembre para tomar una decisión al respecto. Polonia también ha bloqueado el acceso a ciertos fondos europeos por problemas relacionados con su sistema judicial, pero es la primera vez que la Comisión Europea aplica las nuevas reglas de condicionalidad, adoptadas para reforzar el estado de derecho. Budapest, por su parte, ha tomado como rehenes varias decisiones de la UE: el acuerdo de un impuesto mínimo del 15% para las multinacionales y, más recientemente, la aprobación de 18.000 millones de euros en ayuda financiera a Ucrania quedan bloqueadas por el veto húngaro.
El veredicto y la consecuente propuesta de la Comisión Europea suponen en cualquier caso un duro golpe para el Gobierno de Orbán, presionado por una fuerte crisis económica que está poniendo en serios aprietos a las arcas públicas. Este difícil contexto financiero, afirman fuentes diplomáticas europeas, explica la novedosa disposición de Orbán a aceptar todas las recomendaciones de reforma de Bruselas. A estas alturas de la lucha constante con Budapest por la independencia de la justicia y la corrupción, el ejecutivo comunitario, sin embargo, no quiere palabras, sino hechos.