Campo, puertos y exportadoras en disputa por privatización de la Hidrovía

La privatización de la Hidrovía ha generado una inesperada polémica entre diversos sectores de la sociedad argentina. Mientras las entidades vinculadas al comercio exterior y la logística apoyan el proceso licitatorio, el sector rural, representado por la Sociedad Rural Argentina, ha expresado su preocupación por los posibles impactos negativos que esta medida podría tener en la producción agropecuaria.

Las aceiteras, exportadoras, navieras y terminales portuarias han destacado la importancia estratégica de la vía navegable troncal para el desarrollo productivo del país. Según ellos, el adecuado funcionamiento de la Hidrovía es fundamental para la competitividad sistémica, los costos logísticos y la inserción internacional de Argentina. Además, han resaltado el proceso participativo y técnico que se llevó a cabo para definir las condiciones de la concesión, incluyendo la colaboración de la UNCTAD de Naciones Unidas.

Por otro lado, el vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, Marcos Pereda, ha planteado siete objeciones clave al esquema licitatorio propuesto por el gobierno. Entre ellas se encuentran el posible impacto en los ingresos de los productores agropecuarios, los sobrecostos que podrían generarse y la falta de competencia real en la licitación. Pereda también cuestiona la fijación de tarifas y otros cargos que podrían afectar la competitividad del comercio exterior argentino.

En cuanto a las empresas que podrán participar en la licitación, se han establecido requisitos estrictos en cuanto a patrimonio neto, facturación anual y experiencia en obras de dragado. El nuevo operador deberá llevar a cabo mejoras en la profundidad de la vía navegable, con la meta de alcanzar un calado de 40 pies en los primeros dos años y evaluar la posibilidad de llegar a 42 y 44 pies en el futuro.

En resumen, la privatización de la Hidrovía ha generado un intenso debate entre los diferentes actores involucrados. Mientras unos ven en esta medida una oportunidad para mejorar la eficiencia y la competitividad del comercio exterior, otros temen los posibles impactos negativos que podría tener en la producción agropecuaria y en los costos logísticos del país. La resolución de estas controversias será clave para el futuro desarrollo económico de Argentina.