He leído la editorial «El Cadillal y la gravedad de no hacerle mantenimiento» (17/01). En este caso, es evidente que la transparencia en la administración de los recursos públicos brilla por su ausencia. Esto se debe a que en Tucumán carecemos de una Ley de Acceso a la Información Pública, derecho constitucional que se nos niega deliberadamente. Los ciudadanos, al no tener acceso a los documentos públicos, en este caso desconocen: 1) Los resultados de las inspecciones y auditorías anteriores realizadas. 2) El historial de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo realizado (la presa fue habilitada en 1966). 3) Diagnóstico del estado actual de las instalaciones. 4) Las propuestas que se hayan realizado para controlar o eliminar los riesgos y amenazas detectados (especificaciones técnicas, ingeniería, cómputos métricos, presupuesto, etc.). 5) La trayectoria y experiencia de los profesionales actuantes. 6) El nivel técnico de la inspección de obras. De la pérdida de volumen útil por taponamiento, de la presencia de manganeso en el agua, de la falta de una política de Estado en materia hídrica, mejor ni hablar. Lo grave es que nuestra provincia es parte, por decisión propia, de una república democrática, pero quienes la gobiernan nos ocultan información o la brindan sesgada o tergiversada, según sus intereses personales, partidistas o ideológicos. Resumiendo: la represa y humedal más importante de Tucumán, y que forma parte de la cuenca del Salí Dulce, tiene riesgos y amenazas y los tucumanos no sabemos lo que está pasando: las causas, las consecuencias, cómo y quién hará las reparaciones y las garantías técnicas que ofrecen. Hoy, como el 25 de mayo de 1810, el pueblo quiere saber de qué se trata, pero los que deben responder parecen sordos, ciegos y mudos. Ley de Acceso a la Información Pública: Tucumanos cuánto los necesitamos.
