LA GACETA, en su edición del 16/09, publicó un sugerente análisis referente a algunas restricciones para frenar la compra de dólares en las versiones de ahorro y turismo, dirigidas a los sectores sociales que solicitaron el beneficio de la segmentación tarifaria. Sin duda, la limitación es extemporánea, si el beneficio se concedió dentro de la ley, a colectivos en crisis, incapaces de sustituir el pan por un dólar. Mientras el presupuesto, que parece la versión limpia de un borrador del FMI, carece de proyectos que obliguen al sector político, y al personal de los funcionarios públicos a nivel nacional, provincial y municipal, a respetar las limitaciones a la compra de la moneda, a equilibrar la carga del ajuste, porque sus ingresos superan 100 veces el salario de un trabajador registrado, o de la economía popular, entonces pueden, pero no deben comprar dólares. Las leyes, más las declaraciones juradas de bienes e inversiones de los responsables, permitirán verificar el cumplimiento o no de las restricciones, y el origen de los fondos invertidos en la moneda, si está registrado en su patrimonio. El siguiente procedimiento es investigar, con una justicia independiente, sin patrocinadores políticos ni mediáticos, si los recursos provienen de actos de corrupción o maniobras espurias, porque de lo contrario no podrían adquirir la moneda. De lo contrario seremos un “paraíso fiscal ligero”, con políticos y funcionarios ricos, y un pueblo sumido en la pobreza.
.