El gobierno colombiano se comprometió este jueves (11) a investigar 21 asesinatos ocurridos durante las protestas contra el gobierno, al término de la visita extraordinaria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para evaluar la situación en el país luego de más de un mes de crisis.
La vicepresidenta y canciller colombiana Marta Lucía Ramírez dijo que el presidente Iván Duque está “totalmente comprometido con continuar con todas las investigaciones” sobre las causas de estas muertes ocurridas como consecuencia de las protestas, como se evidencia luego de la visita de la CIDH.
La delegación llegó al país el domingo (6) para analizar denuncias de violaciones de derechos humanos en Bogotá, Cali, Popayán y Tuluá. Los observadores también se reunieron con Duque, el Ministerio Público, organizaciones civiles, víctimas y el comando policial, cuestionados por la dura represión de las manifestaciones.
La ONU, Estados Unidos, la Unión Europea y ONG internacionales denunciaron los graves excesos cometidos por la fuerza pública. Al menos 61 personas han muerto desde que comenzaron las protestas el 28 de abril, según las autoridades y la Defensoría del Pueblo, que ha entregado a la CIDH más de 500 denuncias de violaciones de derechos humanos.
El Ministerio Público de Colombia afirma que solo 20 de estas muertes están directamente relacionadas con las protestas. La ONG Human Rights Watch, a su vez, dice que ha recibido informes creíbles de 67 muertes ocurridas desde que comenzaron las protestas, 32 de las cuales están vinculadas a las manifestaciones.
Vinculada a la Organización de los Estados Americanos, la CIDH analizará toda la información recibida y emitirá “una declaración pública con observaciones y recomendaciones”, según informó su presidenta, Antonia Urrejola.
La canciller colombiana afirmó que recibirá las recomendaciones de la comisión «con la mayor voluntad de seguir mejorando, para que el Estado colombiano sea siempre un Estado que garantice el respeto a los derechos humanos».
Las protestas se han producido a diario, algunos días más intensos que otros. Inicialmente, los actos fueron contrarios a la reforma tributaria propuesta por el presidente. Aunque retiró el proyecto de ley, la violenta represión de las protestas continuó alimentando el descontento.
Desde entonces, los actos se han multiplicado, sin una agenda o rumbo definido, pero con demandas que exigen un país más justo y un Estado más solidario que garantice la vida y la seguridad.
En respuesta a la presión popular, el gobierno de Duque ya ha sufrido dos bajas de alto nivel. El primero fue el titular de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien dejó el cargo por críticas a la propuesta de subir los impuestos a la clase media. Días después, fue el turno de la ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum.
El mismo día que llegó al país la delegación de la CIDH, el mandatario colombiano anunció un conjunto de medidas para modernizar el Ministerio de Defensa y promover la “transformación integral” de la policía.
En publicaciones en redes sociales, Duque prometió la creación de un nuevo estatuto disciplinario y un nuevo sistema de recepción de denuncias y acusaciones para “lograr la excelencia” en el trabajo policial. Sin dar detalles, el mandatario también dijo que se implementarán «estándares profesionales en temas como el uso de la fuerza, derechos humanos, atención ciudadana y trámites policiales».
Los cambios también incluyeron una revisión de los protocolos para el “uso legítimo de la fuerza”, algo que había sido cuestionado por manifestantes y organizaciones de derechos humanos, quienes vieron excesos en la conducta de los agentes desplazados para frenar las protestas.
La propia cartera de Defensa cambiará de nombre y pasará a ser Ministerio de Defensa Nacional y Seguridad Ciudadana. Además, los policías colombianos recibirán un nuevo uniforme, en azul, que, según Duque, “transmite empatía, cortesía, tranquilidad y confianza a los ciudadanos”.
Noticia de Brasil