El gobierno provincial estudia denunciar penalmente a la ONG Gravida por impedir el derecho de la niña al aborto legal.
Tras la desaparición y hallazgo de una niña violada que había pedido un aborto en Santa Fe, el gobierno provincial confirmó que una organización civil intervino ante la realización de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Con base en los informes recibidos, El Ejecutivo evalúa la posibilidad de presentar una denuncia penal por la interferencia.
La secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Patricia Chialvo, consideró este miércoles que la acción de los miembros de Gravida «claramente no fue persuasión». Tras el operativo ordenado por la Justicia de Familia para ir a buscar a la niña de 12 años y a su madre a una institución religiosa, ambas fueron acompañadas por especialistas que ya habían realizado las primeras entrevistas para definir los pasos a seguir.
El menor asiste a la segundo trimestre de embarazo detectado tras la denuncia de una violación de su padre en Garibaldi, localidad ubicada a más de 100 kilómetros al oeste de la capital provincial. Sí OK todavía no abortóaún hay tiempo para someterse al procedimiento que solicitó el sábado, cuando fue atendida en el Hospital Jaime Ferré de Rafaela.
Fuentes oficiales señalaron que la niña «no quería» tener un hijo o una hija a consecuencia de abuso sexual en la localidad del departamento de Castellanos. En el marco de la Ley 27.610, su madre expresó su consentimiento por escrito. Sin embargo, ambos faltaron a la cita que tenían este lunes por la tarde en el Nuevo Hospital Iturraspe de Santa Fe.
“Los tiempos previstos para dar continuidad a lo acordado fueron obstaculizado por la intervención de una organización civil que antepuso su objeción de conciencia un derecho ya adquirido«, expresaron desde el gobierno provincial. De esta manera precisaron que Gravida «sacó a la niña y a su madre de la esfera del Estado».
Una vez que encontraron a la niña en el establecimiento religioso Casa Betania, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia se hizo cargo de su cuidado temporalmente. Con base en esta medida excepcional de protección, la trasladaron a un hospital público donde recibe asistencia de especialistas de diferentes áreas sociales. También comenzó a trabajar con su madre para resolver el conflicto que surgió a partir de la irrupción del grupo que se opone al aborto.
El primer indicio de injerencia para atender a la niña violada surgió este lunes por la tarde. Mientras la Policía realizaba un operativo en la vecina ciudad de Recreo para capturar a su padre, una trabajadora social denunció amenazas del representante local de Grávida. La mujer sostuvo que Emilio Perizzotti la contactó y le advirtió que iban a «salvarle la vida al bebé» porque «él no tenía la culpa de los abusos».
Según reportes consultados por el portal Aire de Santa Fe, “un sector de la Iglesia” y esta ONG contactaron a la familia el fin de semana. Después de ese encuentro, la niña fue llevada a Santa Fe y me hicieron una ecografia 4D, así como otros estudios para persuadirla de continuar con el embarazo. Su madre la acompañó.
Al margen de la actuación del Gobierno y la Justicia respecto al aborto de la menor, este miércoles estaba prevista la primera audiencia relacionada con el caso que involucra a su padre. Tras su detención cerca de la capital provincial, la fiscal Alejandra del Río Ayala prevé acusar formalmente a Gustavo A. por calificación de abuso sexual.
Rosario. corresponsal
AS
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Fuente: Titulares.com