Condena por difamación en Salta
Dos excolaboradores del diputado nacional Emiliano Estrada, integrante del bloque Unión por la Patria, recibieron condena en Salta por el delito de intimidación pública. Mediante un juicio abreviado, reconocieron haber utilizado redes sociales para viralizar noticias falsas dirigidas a políticos, empresarios y periodistas. El legislador fue señalado como autor intelectual de las difamaciones, presuntamente diseñadas para alterar el orden público, pero su inmunidad parlamentaria impidió avances judiciales en su contra.
Las penas impuestas
Florencia Arias Bustamante y Javier Alonso Allemand, empleados del Congreso Nacional, escucharon este miércoles el fallo del Juzgado de Garantías N°7, a cargo de Pablo Zerdón. El magistrado les aplicó penas de un año y cuatro meses de prisión condicional como partícipes secundarios, más un año de inhabilitación para ejercer funciones públicas.
Un tercer miembro del equipo de Estrada enfrentó pesquisas de la fiscal de Ciberdelitos, Sofía Cornejo Solé, pero obtuvo sobreseimiento antes de que la causa llegara a juicio.
Separación de la acusación
En la misma resolución, el juez Zerdón dispuso separar la acusación contra Estrada y derivarla como un expediente paralelo. La decisión respondió a que el diputado, amparado en sus fueros, nunca compareció ante el Ministerio Público Fiscal. La nueva causa quedó bajo la órbita del Juzgado de Garantías N°8, liderado por Claudia Puertas.
Admisión de responsabilidad
Durante las negociaciones del juicio abreviado, los exasesores admitieron que actuaron bajo «instrucciones directas» del diputado. En su defensa, argumentaron que consideraban las campañas difamatorias como «responsabilidades laborales» y no advirtieron su carácter ilícito.
La investigación incluyó el secuestro de celulares y computadoras, donde se hallaron chats con material que compromete a Estrada. Las fake news se difundieron principalmente en TikTok mediante cuentas como «La Casta Salteña», «Casta Salta» y «La Casta de Sáenz», enfocadas en desprestigiar al gobernador Gustavo Sáenz, vinculándolo con corrupción y narcotráfico.
Investigación y respuesta de la fiscal
La fiscal Cornejo Solé solicitó a TikTok y Google los correos asociados a las cuentas investigadas. Los informes de ambas empresas revelaron los nombres de los implicados.
Ante las acusaciones de Estrada, quien denunció «persecución política», la fiscal aclaró: «La investigación no es contra una persona. Empieza contra desconocidos. Después, que las pruebas me hayan llevado a él es algo que ya no dependió de mí, sino de los informes de empresas como TikTok, Google, empresas de telefonía y las declaraciones de dos personas. Esto no es político, es jurídico.»
Agregó: «Lo que se investiga es un delito donde no hay víctimas físicas, sino afectaciones al orden público y constitucional por la desestabilización de los poderes del Estado.»
Financiamiento y repercusión política
El Ministerio Público Fiscal también sospecha que la usina de fake news se financió con fondos públicos de la Cámara de Diputados, lo que motivó un pedido de intervención de la Justicia Federal. Sin embargo, por cuestiones competenciales, el caso retornó a tribunales provinciales.
En el ámbito político, diputados de diversos bloques repudiaron en febrero los hechos atribuidos a Estrada. Unión por la Patria, su espacio, evitó pronunciarse en contra, aunque tampoco recibió apoyo explícito de sus pares de bancada.
En resumen, la condena por difamación en Salta pone de manifiesto la importancia de la responsabilidad en el uso de las redes sociales y el impacto que pueden tener las noticias falsas en el orden público y constitucional.