El Congreso de la República aprobó este martes 16 de agosto interponer demanda de competencia contra el Poder Judicial ante el Tribunal Constitucional (TC) por su “constante intromisión” en sus competencias.
Por 96 votos a favor, 16 en contra y 2 abstenciones, la representación nacional dio luz verde a la propuesta de la Junta Directiva, a pedido de la primera vicepresidenta del Parlamento, Martha Moyano (Fuerza Popular).
Como se recuerda, el fiscal de ese poder estatal, Manuel Peña Tavera, lamentó que algunos jueces cometen excesos en sus resoluciones judiciales, al referirse al auto de suspensión provisional del procedimiento de elección del nuevo Defensor del Pueblo, y a otras decisiones de las Cortes como lo es la aprobación de las leyes.
Además, propuso interponer una denuncia penal por prevaricato contra el juez de la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima.
De igual forma, presentará una apelación apelación en contra de lo resuelto en la Resolución No. 02 del 3 de agosto y en la Resolución No. 03 del 8 del presente mes. Asimismo, se presentará un escrito complementario informando al órgano jurisdiccional de la inexequibilidad de lo dispuesto en ambas resoluciones judiciales.
Finalmente, se procederá a la presentación de la ampliación de un queja funcional contra el juez John Javier Paredes Salas, en su calidad de juez encargado del despacho del Tercer Tribunal Constitucional de Lima.
Como se recuerda, El Poder Judicial ordenó a la nueva comisión especial encargada de elegir candidatos idóneos para el cargo de Defensor del Pueblo suspender nuevamente este procesocomo ya se había dispuesto en junio de este año.
El tribunal consideró que la nueva comisión especial, conformada luego de que el Poder Judicial decidiera detener el proceso por supuestos vicios, no cumple con los requisitos mínimos que garantizan la transparenciaporque es sólo una modificación en sus miembros.
En ese sentido, se dispone que la elección del nuevo Defensor del Pueblo se suspenda provisionalmente hasta que finalice el proceso de protección presentado por el sindicato de trabajadores de dicha entidad.
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