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La estafa millonaria de Abes: Un golpe a los ahorros de toda una vida

En los últimos años, la constructora Abes de La Plata ha generado polémica y controversia debido a presuntas estafas y malas prácticas en el sector inmobiliario. La situación se ha agravado recientemente con la adquisición de Abes por parte de la desarrolladora Yacoub, dejando en el aire el destino de los fondos invertidos por numerosos afectados.

Una inversión para el futuro

Según Juan Felipe Orta, presidente de la Caja de Seguridad Social de Kinesiólogos de Buenos Aires, entre 2018 y 2019 se destinaron entre 11 y 12 millones de dólares a proyectos inmobiliarios de Abes. Estos fondos estaban destinados a garantizar el financiamiento del sistema jubilatorio de miles de kinesiólogos en la provincia, pero lamentablemente se invirtieron en proyectos que resultaron ser un fraude.

Un golpe a los ahorros de toda una vida

Para personas como César, jubilado de 66 años, la inversión en tres departamentos en los edificios Dezzeo y Vita representaba una esperanza de seguridad financiera para el futuro. Sin embargo, la realidad se tornó sombría cuando las obras se paralizaron, las rentas dejaron de pagarse y la devolución del dinero se convirtió en una incertidumbre.

El estado de las denuncias

Las denuncias contra Abes y sus administradores, Diego Lacki y Macarena Núñez, se han multiplicado en los últimos meses. Lucrecia Villar Loos, ex socia mayoritaria de la empresa, ha presentado una denuncia por estafa y mala administración que pone en evidencia la presunta manipulación de fondos y decisiones unilaterales por parte de los responsables de Abes.

El futuro incierto de los afectados

Ante la incertidumbre y el desamparo de los afectados, la venta de Abes a Yacoub plantea más dudas que certezas. A pesar de las promesas de devolución de fondos, muchos temen que esta operación no sea más que una estrategia para dilatar el proceso judicial y el reclamo de los perjudicados.

En resumen, la estafa millonaria de Abes ha dejado en evidencia la fragilidad de los sistemas de control y regulación en el sector inmobiliario, así como la vulnerabilidad de los ahorros de miles de personas que confiaron en una empresa que hoy enfrenta graves acusaciones de fraude y malversación. La justicia deberá esclarecer los hechos y garantizar que los responsables rindan cuentas por sus acciones.

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