La aprobación de la iniciativa de Inocencia Fiscal por parte de Diputados y su posterior envío al Senado ha generado un fuerte impacto en el ámbito tributario. Esta propuesta incluye un aumento significativo en los montos de las multas tributarias, que se encontraban desactualizados desde hace décadas. El proyecto de reforma de la ley de procedimiento tributario se enfoca en la actualización integral del régimen de multas, lo cual afecta tanto a contribuyentes como a contadores.
Una de las modificaciones más llamativas es el aumento de las multas mínimas por infracciones formales, que pasan de $200 a $220.000, mientras que las máximas se elevan de $400 a $440.000. Asimismo, las sanciones por la falta de presentación de declaraciones juradas informativas se incrementan de manera sustancial, alcanzando montos entre $5.000.000 y $10.000.000, dependiendo de la gravedad del incumplimiento.
En el caso de las multas relacionadas con operaciones internacionales, la omisión de información sobre transacciones con sujetos del exterior puede resultar en sanciones de hasta $22.500.000, mientras que la falta de designación de informante en el régimen País por País podría implicar multas de hasta $67.500.000. Estos incrementos representan una multiplicación de más de 200 o 300 veces respecto a los valores originales, lo que marca un cambio significativo en la política sancionatoria del sistema tributario nacional.
A pesar de la necesidad de actualizar los montos vigentes, algunos especialistas advierten sobre los posibles impactos adversos que esta medida podría tener en las Pymes y en las personas humanas. La implementación de multas automáticas sin considerar la capacidad económica de los contribuyentes podría resultar en consecuencias desproporcionadas. Es crucial establecer una graduación adecuada de las sanciones, evitando la aplicación de importes uniformes a contribuyentes con realidades económicas diferentes.
Por otro lado, el proyecto también contempla cambios en el Régimen Penal Tributario, elevando sustancialmente los montos mínimos que configuran delitos tributarios y delitos vinculados a la seguridad social. Estas modificaciones tienen como objetivo reducir la litigiosidad penal tributaria y garantizar una mayor proporcionalidad en las sanciones impuestas.
En resumen, la iniciativa de Inocencia Fiscal representa un importante avance en la actualización del régimen de multas y del sistema tributario en general. Sin embargo, es fundamental considerar la capacidad económica de los contribuyentes al aplicar las sanciones correspondientes, con el fin de evitar impactos desproporcionados y promover el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales.
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