Cuba cometió abusos contra presos por protestas, dice ONG – 11/07/2022 – Mundo / Brasil

Cuba ha adoptado un patrón de detenciones arbitrarias, intimidaciones y torturas como forma de sofocar nuevas protestas contra el régimen, según un informe de la ONG Human Rights Watch que analizó la respuesta de la dictadura a las históricas manifestaciones del 11 de julio de 2021.

El documento fue difundido este lunes (11), completando un año de los hechos, que terminaron con la muerte de un manifestante y la detención de más de 1.400 personas, de las cuales menos de 400 ya fueron juzgadas – en resumen, las condenas alcanzan 1.916 años.

En una movilización prácticamente sin precedentes, el llamado 11J fue detonado por meses de frustración por el recrudecimiento que la pandemia de la Covid ha impuesto a problemas crónicos de Cuba, como la falta de libertades, el desabastecimiento y las dificultades para acceder a la salud. El régimen reprimió brutalmente los actos, y los intentos de replicarlos se vieron frustrados por arrestos, intimidaciones y presiones para que los opositores se exiliaran.

El informe de HRW hace un balance de los abusos cometidos por la dictadura durante el último año, desde la falta de castigo por la muerte de Diubis Laurencio Tejeda, de 36 años, hasta el hecho de que 700 personas siguen privadas de libertad. Hasta el día de hoy existen restricciones al acceso a internet y espionaje a los servicios de mensajería electrónica de cientos de personas presuntamente involucradas en las protestas.

La entidad investigó 155 casos de personas que sufrieron maltrato y, en el documento, presenta el historial detallado de 14 de ellos. En Cuba fueron entrevistadas 170 personas, entre víctimas, familiares, abogados, activistas de derechos humanos y periodistas. Incluso con acceso restringido, hubo consulta de demandas, investigaciones de ONG locales y videos grabados el día de las protestas y durante todo el año.

Según HRW, los responsables de los abusos son las Fuerzas Armadas, la policía y la brigada especializada en represión conocida como «boinas negras». El líder de la dictadura, Miguel Díaz-Canel, asegura que en la Isla no hay presos políticos y dice que las condenas son por delitos contra la seguridad del Estado y por colaboración con fuerzas extranjeras de EE.UU.

Entre los casos analizados por la ONG está el del artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, de 34 años, quien participó en el video de la canción «Patria y Vida», uno de los himnos de las protestas. Fue detenido el día 11 y trasladado al centro de detención de Villa Marista, pero recién tuvo acceso a un abogado el 5 de agosto.

Según el artista, el régimen le ofreció su libertad a cambio de la promesa de que saldría del país, práctica común de la dictadura. Otero se negó y fue juzgado el 31 de mayo, siendo condenado a 5 años de prisión, la pena se cumple en el penal de Guanajay.

El informe trae el balance de las sentencias dictadas a más de 380 manifestantes y activistas, incluidos algunos menores. Al igual que con Otero, en la mayoría de los casos los detenidos no fueron visitados ni tuvieron contacto con un extraño durante días o meses, y también se reguló el acceso a abogados.

Durante los interrogatorios, era común que los agentes intimidaran a los familiares amenazándolos. Muchos juicios se llevaron a cabo a puerta cerrada y sin derecho a la defensa. La mayoría de los cargos se definieron como incitación al desorden público y al desprecio: cantar «Patria y Vida» o lanzar insultos al régimen fueron enmarcados como tales. La ONG señala penas desproporcionadas por los presuntos delitos.

Otro caso destacado fue el de las hermanas María Cristina, de 39 años, y Angélica Garrido Rodríguez, de 41, de Quivicán. La primera es activista y la segunda ama de casa, y ambas salieron a la calle el 11J. Como algunos de sus amigos fueron detenidos en las protestas, decidieron visitarlos en prisión al día siguiente, cuando también fueron detenidos, acusados ​​de causar disturbios.

María Cristina le dijo a su esposo, en una breve visita que pudo realizar meses después, que fue golpeada por agentes que le gritaron “Viva, Fidel”. Ella y su hermana fueron juzgadas el 21 de enero y recibieron sentencias de siete y tres años de prisión, respectivamente.

Los episodios de malos tratos registrados por Human Rights Watch también incluyen procesos abusivos y tortura física y psicológica. Según la entidad, el balance de un año de manifestaciones sugiere la existencia de un patrón que demuestra un plan para prevenir nuevas protestas, sancionar a quienes las promueven y provocar miedo entre quienes están dispuestos a salir a la calle.

La represión ha sido aún más dura desde la aprobación del nuevo Código Penal, en mayo, que incluye determinaciones consideradas vagas para quienes reciben remesas del exterior.

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