En la mitología de la extrema derecha global, los «buenos ciudadanos» armados hacen que las sociedades sean más seguras. La ciencia, en cambio, busca analizar los fenómenos de la forma más integral posible, no solo en sus cortes cinematográficos.
Y sobra literatura científica para demostrar que, cuando aumenta el número de armas de fuego en posesión de la población, lo que aumenta dramáticamente no son los actos de heroísmo, sino los suicidios, accidentes y homicidios en conflictos interpersonales, muchas veces por razones triviales.
Esta semana, por ejemplo, la noticia la ocupó el caso del campeón mundial de jiu-jitsu Leandro Lo, asesinado por un policía tras un altercado en un concierto en São Paulo.
Poco antes, hubo el asesinato del guardia municipal del PT Marcelo Arruda, de Foz do Iguaçu (PR), baleado por un policía criminal bolsonarista durante una pelea.
El armamentista convencido suele decir que las armas son solo un instrumento; lo que realmente importa serían las decisiones personales. El argumento puede ser válido para el suicidio, pero no para los accidentes u homicidios en momentos de agresión irreflexiva.
En el caso brasileño, los artefactos en posesión de civiles también ayudan a abastecer los arsenales de los criminales. Según lo informado por el Sábanaen los últimos cinco años en el estado de São Paulo, los bandidos sustrajeron 11.985 armas, la mitad de las cuales estaban en domicilios.
Es decir, incluso la menos controvertida de las posesiones, la del producto que se guarda dentro de la casa, aún termina favoreciendo el crimen. El resto se sustrajo a lugares como establecimientos comerciales (25,5%), vehículos en la vía pública (16,8%) y organismos públicos (5,8%).
Los delincuentes ya están apuntando a las casas de los CAC (coleccionistas, francotiradores y cazadores), sabiendo que hay grandes posibilidades de encontrar muchas armas, a veces con gran potencia de fuego, en un solo lugar.
La ofensiva armamentística impulsada por Jair Bolsonaro (PL) se llevó a cabo básicamente con normas infralegales, sin pasar por el escrutinio del Congreso Nacional. La conformidad de dichas normas con el Estatuto de Desarme aún debe ser juzgada por el Tribunal Supremo Federal.
En el lado positivo, esto significa que un próximo presidente, más juicioso en la definición de políticas públicas, se espera, no tendrá dificultad en derogar las medidas.
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