La postura del presidente de la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo
«No estamos de acuerdo con el proyecto denominado Ley de Modernización Laboral porque consideramos que contraría violentamente, groseramente, disposiciones contenidas en la Constitución Nacional y tratados internacionales sobre los derechos fundamentales de las personas», enfatizó Roberto Pompa, presidente de la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo.
Críticas al proyecto de Ley de Modernización Laboral
Al hacer uso de la palabra en el plenario de Trabajo del Senado, detalló: «Las leyes están para proteger a los trabajadores y en este texto que ustedes van a analizar y discutir no hay ninguna norma que beneficie a los trabajadores». Y arremetió: «Este proyecto le está dando vuelta la espalda a un pueblo que hoy está en la calle diciéndole ‘no’ a esta reforma y se está apartando del estado de derecho».
Defensa de los derechos fundamentales de los trabajadores
Las leyes laborales tienen como principal objetivo proteger los derechos de los trabajadores. Desde la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo, se argumenta que este proyecto de reforma laboral no cumple con ese propósito esencial.
Impacto en la sociedad
Es importante considerar el impacto que esta reforma laboral tendría en la sociedad. Si las leyes laborales no garantizan la protección de los trabajadores, se estaría vulnerando un pilar fundamental de cualquier sociedad justa y equitativa.
El rol del Estado de Derecho
El respeto al estado de derecho es crucial en cualquier democracia. Cuando se promueven reformas que contravienen disposiciones constitucionales y tratados internacionales, se pone en riesgo la integridad del sistema legal y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
En resumen, la postura del presidente de la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo refleja la preocupación por una reforma laboral que, a su juicio, no respeta los derechos fundamentales de los trabajadores y contraviene disposiciones legales y tratados internacionales. La protección de los derechos laborales es esencial para una sociedad justa y equitativa, y cualquier reforma en este sentido debe ser cuidadosamente analizada para garantizar que cumpla con ese propósito primordial.