La Justicia condenó a la Dirección General de Escuelas de Mendoza (DGE) a compensar a un maestro con 1,350,000 pesos a quien se le negó la aptitud psicofísica para poder trabajar porque tenía sobrepeso.
La condena, por daños y perjuicios, fue suscrita por la jueza Fabiana Martinelli del Primer Juzgado Adjunto de Gestión Judicial, quien entendió que el docente Estaba en forma para realizar sus tareas.
Según la denuncia, la docente empezó a trabajar para la DGE en 2002 tras realizar el examen pre ocupacional en el que fue considerado apto para trabajar y dos años después se expidió su certificado de aptitud psicofísica como «apto con patologías preexistentes», en relación con el sobrepeso.
Fue convocada para obtener un nuevo certificado y obtuvo la calificación de «impropio», teniendo la obesidad como motivos y un problema aparente con las cuerdas vocales.
Tras acudir a un otorrinolaringólogo y a una nutricionista, y adelgazar, logró cambiar esta situación y obtuvo, en 2013, un certificado de aptitud con preexistencia, tomando la obesidad como única patología.
A partir de ahí, se mantuvo bajo controles nutricionales, logrando perder alrededor de 10 kilos, pero a principios de 2016, y ante la necesidad de un nuevo certificado de aptitud psicofísica, salud ocupacional determinó que sí «.No ajustar», tanto para tareas administrativas como para tareas docentes.
El juez indicó en la sentencia que «el índice de masa corporal por sí solo no es suficiente de ninguna manera determinar la existencia de patología de la obesidad, siendo necesarios otros parámetros y estudios que no se han llevado a cabo al demandante o, al menos, no hay constancia de que haya fundado la no aptitud declarada «.
«No dudo que todo el proceso que la señora ha acreditado viene realizando desde 2002 para poder desempeñarse como administrativa y docente en la DGE le ha provocado un daño sufrido injustamente que el Estado debe reparar, ya que con base en la prevención ha rayado en la discriminación, dañando severamente no solo la igualdad, sino también todos los derechos constitucionalmente garantizado por el demandante ”, añade el magistrado.
La duplicación de tareas no aptas para la docencia y la administración implicó también, en el demandante, la preocupación de no poder conseguir el cambio de rol destinado a personas con patologías específicas, se detalló.
«No puedo olvidar, además, que durante largos periodos no ha podido acceder a puestos docentes suplentes, que además le pagó un sueldo extra muy importante en los momentos que vivimos ”, advierte el gobernante.
Con información de Télam
DD
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Fuente: Clarin.com
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