El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública heredó del gobierno de Jair Bolsonaro (PL) cerca de R$ 1 mil millones en reformas parlamentarias no ejecutadas.
Según una encuesta realizada por la carpeta, el embalse de recursos no se restringió a diputados y senadores opositores. Incluso los bolsonaristas, ahora, han estado buscando al ministerio tratando de liberar el dinero.
Un primer diagnóstico apunta a la falta de organización como causa del problema. Como no había un único responsable de controlar la ejecución de las modificaciones, las órdenes acababan perdiéndose y no había quien las cobrara.
Ahora, la recepción y envío de enmiendas está centralizada en el Secretario de Asuntos Legislativos, Elías Vaz.
La determinación del ministro, Flávio Dino (PSB), es desbloquear todos los pagos pendientes de forma «republicana», sin distinción de partidos.
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Noticia de Brasil
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