Costa Rica perdió cuatro puntos y descendió nueve puestos en el índice de percepción de la corrupción, aplicado a 180 países por Transparencia Internacional, organización promotora de la lucha contra la deshonestidad en el mundo. El retroceso y la constancia del fenómeno pueden conducir a la frustración, pero se equivoca quien dude de la existencia de soluciones. Solo falta insistir en aplicarlas y dejar de atender los cantos de sirena, las denuncias genéricas y las maniobras dilatorias.
El castigo para los responsables de actos de corrupción debe ser prioritario, pero es mucho más importante crear mecanismos para impedirlos. La solución no está en aumentar las penas. A falta de riesgo de ser atrapado, la severidad del castigo es irrelevante. Los criminólogos lo saben. La certeza de la sanción disuade más que su rigor. La tecnología moderna, por otra parte, pone al alcance del Estado y la sociedad medios adecuados para controlar los procesos vulnerables a la corrupción.
El problema de Costa Rica no son solo los corruptos, sino también la incapacidad, por ejemplo, para adoptar un sistema unificado de compras públicas para ponerlos en evidencia. Tardamos más de tres lustros, y cuando estaba a punto de regir la ley que impone su aplicación generalizada, hubo un intento de última hora para posponerla. Ocho años antes, el sistema Mer-Link estaba casi listo cuando el Ministerio de Hacienda, sin estudios ni razones, lo trasladó del ICE a Racsa e inventó el Sicop, que hasta ahora tiene la oportunidad de registrarse en todo el Estado.
El Expediente Digital Único en Salud (EDUS) tiene más de dos décadas en desarrollo. Aparte de su importancia clínica, fue prometido como un medio de control del uso de los recursos del sistema de salud, desde las medicinas hasta los quirófanos, incluido el cumplimiento del horario laboral. Además de completar el EDUS, la Caja necesita modernizar sus sistemas. Las remuneraciones que rondan los ¢1.500 millones se manejan con un programa de hace 40 años, cuyo lenguaje de programación obsoleto es comprensible solo para cuatro funcionarios próximos a jubilarse.
El proyecto de Hacienda Digital, además de mejorar la administración de las finanzas del Estado, debe servir para combatir la evasión. La aprobación del impuesto sobre el valor agregado (IVA) y la factura digital ya contribuyen a alcanzar ese objetivo; sin embargo, la digitalización promete resultados todavía mejores. El proyecto integrará los 59 sistemas existentes, cuya antigüedad promedio es de 19 años, con mejoras apenas superficiales. La iniciativa está financiada mediante un préstamo de $157 millones, pero marcha a paso lento. Vistos los antecedentes del Ministerio de Hacienda en el caso del sistema unificado de compras públicas, conviene vigilar de cerca el proceso.
La tecnología ofrece medios para controlar otros tipos de corrupción, incluso algunos no considerados habitualmente como tales. Costa Rica no ha conseguido, después de décadas invertidas en intentos fallidos, instalar cámaras para vigilar las carreteras y reducir la impunidad en las violaciones a las leyes de tránsito. Por esas mismas carreteras transita, además, el contrabando de personas y bienes.
La inversión en tecnología para combatir la corrupción y cerrarle las oportunidades se pagará con rapidez. Cuando el sistema de compras públicas opere a plenitud, por ejemplo, los beneficios se reflejarán en mejores precios y calidad, como sucede en las instituciones donde ya funciona. Para alcanzar el punto óptimo, deberá vencer las resistencias burocráticas residuales, cuya desaparición requiere tiempo. Por eso, no hay un minuto que perder.
La construcción de barreras tecnológicas a la corrupción ofrece resultados, mejores y más rápidos, que las supuestas soluciones legislativas. En Costa Rica abundan las leyes. Faltan, en cambio, las acciones concretas para alterar una realidad que la norma jurídica no ha podido modificar.