**El Gobierno nacional anuncia la eliminación del INADI: ¿Qué impacto tendrá esta medida?**
El Gobierno nacional ha generado controversia al anunciar la eliminación del Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), creado hace 29 años. Esta decisión ha levantado críticas y debates en el Congreso, donde la oposición cuestiona la libertad que le otorga al Ejecutivo el mega DNU vigente, que podría permitir la eliminación de otros organismos.
**¿Por qué se decide cerrar el INADI?**
El vocero presidencial Manuel Adorni comunicó que el Gobierno considera que el INADI «no sirve para nada» más allá de «pagar favores políticos» y «generar empleo militante». Aunque el Ministerio de Justicia absorberá sus funciones y a su personal «idóneo», la falta de detalles sobre la implementación de esta medida ha generado incertidumbre.
**¿Cuál es la postura de la oposición?**
La oposición ha manifestado su rechazo a la eliminación del INADI, argumentando que el cierre de un instituto creado por ley debería ser abordado a través de una nueva legislación. Sin embargo, el mega DNU en vigor brinda al Gobierno margen de maniobra para tomar decisiones unilaterales en este sentido.
**¿Qué impacto fiscal tendrá el cierre del INADI?**
A pesar de la eliminación del INADI, se estima que el ahorro fiscal será escaso, ya que gran parte de su presupuesto se destinaba a sueldos. Además, el Ministerio de Justicia absorberá a la mayoría de sus empleados. Esta medida se enmarca en un contexto de ajuste económico y simboliza el compromiso del Gobierno con la reducción de gastos.
**Conclusiones y reflexiones sobre la eliminación del INADI**
La eliminación del INADI ha generado debate en el ámbito político y social, evidenciando diferencias de opinión en torno a la eficacia de este organismo y la forma en que se ha tomado la decisión de cerrarlo. Esta medida simbólica plantea interrogantes sobre el rol del Estado en la lucha contra la discriminación y la xenofobia, así como sobre la necesidad de reformas institucionales que garanticen una mayor transparencia y eficiencia en la gestión pública.