El Gobierno de Alberto Fernández ratificó su alineación con el régimen de Nicolás Maduro. Mediante un Decreto por el cual se actualizó la directiva de política de defensa, al hacer un análisis de la región, consideró que la crisis en Venezuela se vio agravada por la pandemia del COVID-19 y por las sanciones impuestas contra la dictadura bolivariana. El Poder Ejecutivo Nacional utilizó estos argumentos para justificar su salida del Grupo de Lima.
El Decreto 457/2021 que aprueba “la actualización de la ‘Directiva de Política de Defensa Nacional’” fue publicado este lunes en el Diario Oficial y cuenta con las firmas del presidente Fernández, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero y los ministros, de Defensa Agustín Rossi, y Relaciones Exteriores, Felipe Solá. El documento establece los “lineamientos, prioridades y restricciones” en materia de defensa.
La determinación fue acompañada de un anexo de 39 páginas en el que el Gobierno argentino previamente hace un «diagnóstico y valoración del escenario global y regional» y luego plantea los paneles «estratégico-militar», «económico-comercial» y «transnacional». . sobre las que se definieron las bases para la actualización de la directiva de defensa.
Al referirse a la situación de los países del Cono Sur, dado que le tocaba el turno a Venezuela, se destacó que Argentina está «comprometida con el principio de no intervención en los asuntos internos de otros estados». Definición similar a la que se expresó sobre la represión en Cuba la semana pasada. Si bien sostiene que «sigue con preocupación la crisis política, económica y humanitaria», considera que fue «agravada por la pandemia del COVID-19». El Gobierno de Alberto Fernández respalda el discurso oficial del chavismo al referirse a las sanciones impuestas por la comunidad internacional a funcionarios, cuentas y bienes del régimen en el exterior como «bloqueos físicos y financieros que agravan aún más el sufrimiento del pueblo venezolano». .
Si bien, como en otros países, el coronavirus ha hecho estragos en la economía y los sistemas de salud, en Venezuela desde antes de la pandemia se advierte sobre la escasez de medicamentos y el estado de los hospitales. Por un tema geopolítico, el régimen recibe vacunas Sputnik V y Sinopharm, y avanzó con la aplicación del inoculante cubano que no cuenta con la aprobación de la Organización Mundial de la Salud (OMS). A pesar de los acuerdos establecidos con Rusia, China y Cuba, según el propio Nicolás Maduro, Venezuela cuenta con vacunas para inmunizar apenas al 20% de su población. A principios de mes, se habían vacunado poco más de dos millones y medio de personas. Ese número ubica al país como el peor de América del Sur en este tema. Para justificar sus carencias, Maduro justificó que su Ejecutivo está «luchando contra el bloqueo y la escasez de vacunas».
Y aunque Argentina “condena” las sanciones que pesan sobre Maduro y la dictadura, sostiene que “la comunidad internacional tiene el deber de colaborar en la facilitación del diálogo entre las partes y en la búsqueda de una solución política en el marco de los mecanismos institucionales actuales y leyes constitucionales ”. Por tal motivo, el Gobierno «se incorporó al Grupo de Contacto Internacional (GIC) y decidió retirarse formalmente del Grupo de Lima».
Alberto Fernández tomó la determinación de apartarse del bloque regional que denuncia los abusos de la dictadura de Maduro y que brinda apoyo a Juan Guaidó a fines de marzo. En el Decreto publicado este lunes, justificó que las acciones que el Grupo de Lima «viene impulsando a nivel regional e internacional han sido contraproducentes a la hora de buscar una solución consensuada con todos los actores relevantes de la política local».
“En este contexto, las elecciones regionales de este año se presentan como una oportunidad para comenzar a trabajar con una estrategia que apoye de abajo hacia arriba a un sistema político afectado por la apatía que las estrategias de boicot produjeron en el electorado y la sociedad civil, vaciamiento e instrumentalización por parte de la oposición. y el partido gobernante ”, concluyó el apartado sobre Venezuela, en referencia a las elecciones programadas para el 21 de noviembre donde se eligen gobernadores y alcaldes, en las que la falta de respaldo internacional se sumó recientemente a la detención del opositor y colaborador del político Guaidó, Freddy Guevara. .
El arresto del líder se produjo cuando la oposición y el gobierno de Maduro planean reanudar las negociaciones. Guaidó, reconocido presidente interino de Venezuela por Estados Unidos y cincuenta países, calificó de «secuestro» la detención de su colaborador. Guevara formó parte del grupo de oposición que se reunió con una delegación de la Unión Europea que estudia la posibilidad de enviar una comisión de observación electoral para las elecciones de noviembre.
El mismo día que arrestaron a Guevara, Guaidó fue interceptado por funcionarios del grupo élite (FAES) de la Policía: dispararon en el estacionamiento de su residencia y golpearon a su conductor. En un comunicado, los representantes de Guaidó en la Casa Blanca denunciaron que esta «escalada de persecución» es la respuesta del régimen de Maduro a los esfuerzos «para abordar una solución a la crisis en Venezuela a través de un proceso de negociación con la facilitación de Noruega y el apoyo del mundo democrático. , especialmente Estados Unidos, Canadá y Europa ”.
En esta línea de política exterior, el gobierno argentino, a través del decreto mencionado, cuestionó el papel de la Organización de los Estados Americanos (OEA). “La OEA ha visto una reducción en sus funciones de coordinación multilateral e invitación al diálogo, limitándose en sus acciones más recientes a dar legitimidad a las sanciones impuestas a ciertos estados de la región”, señala el documento.
El organismo multilateral, en diciembre del año pasado, denunció crímenes de lesa humanidad en Venezuela, a través de un informe donde señaló 653 casos documentados de tortura y también certificó 15.501 detenciones arbitrarias.
ISLAS MALVINAS, CHINA Y LA «ZONA DE PAZ» DE LA REGIÓN
El anexo al Decreto 457/2021, que representa una actualización de la ‘Directiva de Política de Defensa Nacional, suscrito por Fernanda Llobet, Subsecretaria de Planificación Estratégica y Política Militar, también revisa la situación de las Islas Malvinas, donde ratifica la «legítima e imprescriptible soberanía «de Argentina.
“La recuperación de dichos territorios y el pleno ejercicio de la soberanía, respetando la forma de vida de sus habitantes y de acuerdo con los principios del Derecho Internacional, constituye un objetivo permanente e inalienable del pueblo argentino”, agrega.
Por otro lado, se afirma que «los movimientos, doctrinas y planificación de la República Popular China indican una preparación para un mundo en el que la guerra interestatal es una posibilidad concreta».
Por otro lado, en el ámbito sudamericano predominan prácticas contrarias. “Destaca una realidad caracterizada por la baja probabilidad de conflictos interestatales con derivación militar, en la que las disputas territoriales se han resuelto mediante vías de solución pacífica y apelación al Derecho Internacional”, completa.
Con información de Infobae
Fuente: diariocordoba.com.ar