Marta tiene 56 años y vive en el conurbano oeste de Buenos Aires con su esposo, albañil, y sus tres hijas. Trabaja como empleada doméstica desde hace muchos años y vende cosméticos en su barrio. Pero su principal ingreso es un plan social, el Empower Work, que le proporciona 19.000 pesos. En realidad, ella casi 19 mil pesos.
Todos los meses debe apartar 500 pesos de su cuenta de ahorros para dárselos al líder político del Polo Obrero, el líder que le dio ese plan y que maneja unos 60 beneficiarios. ¿Qué compensación estás pidiendo a cambio? ¿Pintar una escuela, cocinar para un comedor social, limpiar las calles del barrio? No, vaya a las marchas del PO que suele encabezar Eduardo Belliboni, contra el gobierno que le otorga los planos. Y el gobierno lo sabe.
El Polo Obrero tiene unos 60.000 planos. Si multiplicas los 500 pesos que aporta Marta por esos 60.000 planes, conforman una caja formidable para la izquierda, la envidia de cualquier partido, de 30 millones de pesos mensuales. Con eso pagan los micros que llevan y traen a los «manifestantes» o, por ejemplo, compran carpas nuevas como en el campamento de 48 horas en el centro de Buenos Aires, hace meses.
El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, dispuso que los beneficiarios entreguen una compensación de 4 horas de trabajo, pero no se cumple. Marta se ve obligada a ir a las marchas. Si no puede ir, debe dar $1,000 a su «jefe», quien pagará su «reemplazo» en la protesta. Y Marta pierde esa suma. Cuando le toca marchar, no recibe alimento y tiene que estar de pie estoicamente durante horas o caminar largas distancias en condiciones climáticas adversas. Ella es una de las muchas que, cuando los periodistas le preguntan por qué están ahí, no sabe. El único incentivo es que no pague el billete de tren o metro cuando van al Congreso, a la Plaza de Mayo o frente al Ministerio de Desarrollo Social, porque los izquierdistas «gestionan» el viaje gratis.
“Hay una alianza perversa. El Polo Obrero es funcional a Emilio Pérsico -secretario de Economía Social y a la vez referente del Movimiento Evita- como detonante contra Juanchi Zabaleta para obtener más beneficios. Es una conveniencia mutua”, resume un dirigente del Frente de Todos que no está de acuerdo con el sorteo de la dirección del Ministerio de Desarrollo Social. Cuando Daniel Arroyo asumió, los cargos se repartieron entre el Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie de Daniel Menéndez y los líderes de la CTEP de Juan Grabois. Desde piqueteros hasta funcionarios con dinero y planes.
El ejemplo más claro es el de Pérsico que representa a los beneficiarios y al Gobierno, está a ambos lados del mostrador; Evita recibe más de 300.000 planes además de gestionar, a través de Alexandre Roig, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) que habilita las cooperativas y cuyo presupuesto anual supera los 2.500 millones de pesos.
La caja de efectivo que maneja el Movimiento Evita para manejar la pobreza es inconmensurable. Tal es la obscenidad que pocos recuerdan el episodio de marzo de 2021 cuando Gendarmería encontró $1.400.000 en un autobús que transportaba militantes de Evita a Luján. La explicación inédita la dio el propio Fernando Chino Navarro, otro referente de Evita y actual secretario de Relaciones Parlamentarias del Gobierno: era para pagar el traslado y la comida de quienes asistieron al evento por los ocho años de pontificado del Papa Francisco. Increíble, sobres con dinero que financian a todos.
Si a los 300.000 planes que maneja se le suman los fondos que maneja el INAES, Evita maneja por lo menos $8 mil millones al año. Por eso es lógico el enfrentamiento con La Cámpora, la otra ala del oficialismo que maneja grandes cajas como ANSeS y Pami.
Cuando Mauricio Macri entregó el gobierno, los planes ascendían a 500.000; hoy hay más de 1.200.000. Nacieron como un paliativo temporal en 2002 y el kirchnerismo los transformó en una caja política.
Hasta ahora nadie se ha planteado seriamente convertir estos subsidios en trabajo, quizás porque es más fácil gestionar la pobreza que generar empleo y crecimiento económico. Prueba de ello es que ningún gobierno se sentó en una mesa con los Ministerios de Desarrollo Social, Producción, Trabajo y Economía para definir áreas productivas en las que insertar a quienes reciben planes y desarmar paulatinamente la estructura clientelista.
“Si gasto todo el dinero posible, la pobreza bajará más rápido, pero si no le apostamos a un mediano o largo plazo que te llevará 20 años, no estamos haciendo nada diferente”, advirtió Macri. La expresidenta pensaba lo mismo que Cristina Kirchner y ahora Alberto Fernández: esto no lo voy a capitalizar políticamente porque es un proceso de décadas. En 2021, en plena campaña, el kirchnerismo otorgó unos 900.000 planes más y aún así perdió las elecciones legislativas. Dar planes ya no asegura ninguna fidelidad política.
La gerencia de Carolina Stanley logró, luego de dos años, registrar al 100% de los beneficiarios del plan Argentina Obra porque el kirchnerismo no contaba con una base de datos. ¿Cómo se puede atacar la pobreza o mejorar la situación de los más necesitados sin siquiera saber quiénes son o cuál es su realidad? De ese censo surgió que el 80% no había terminado la secundaria. Así que se inscribió para que terminaran el estudio. El otro dato fue que recibieron solo la mitad de los planes en su cuenta de ahorros; la otra mitad fue para las cooperativas. El negocio de los intermediarios.
Fuentes del macrismo aseguran que eliminaron unas 10.000 cooperativas y el pago a los beneficiarios fue directo. Y que contra los punteros que pedían devoluciones habilitaron un sistema de denuncias. Y ahora, a través del INAES que administra Evita, tienen registradas más de 20.000 cooperativas.
Con Daniel Arroyo se crea el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (RENATEP). Se pudo establecer que, entre los más de tres millones registrados, el 64,3% eran personas entre 18 y 35 años, jóvenes. ¿Qué se hizo al respecto? Poco y nada.
Su sucesor, Zabaleta, acaba de poner en marcha un programa de formación de desempleados para facilitar su incorporación a la iniciativa privada. En caso de que una empresa los contrate, el plan pasará a formar parte del salario. Pero la tarea es más compleja. Muchas personas no están preparadas para cumplir con un régimen de trabajo de ocho horas y no están capacitadas. Unas buenas intenciones de tres gerencias. Pero sin una decisión política para pactar una política de Estado que trascienda a los gobiernos, de nada sirven.
“Lo que nadie mira es la informalidad laboral. Ningún presidente propuso atacar el 40% de la informalidad, que es el mal empleo”, dice un exfuncionario opositor. El look es igual al de un exfuncionario del actual Gobierno. “Hace tiempo que no logramos generar un esquema de desarrollo económico que incluya a todos y que se compense con planes. Si tienes un 40% de informalidad laboral, el problema es el sistema que nadie ataca”, señala.
La polémica se desencadenó estos días sobre la continuidad o eliminación de los planes. ¿Se pueden quitar los planes en 3 o 6 meses? “En serio, no hay manera, a menos que quieras dejar a mucha gente en una condición de pobreza absoluta o indigencia. No vas a conseguir un millón de puestos de trabajo en ese periodo, a no ser que los metas en otro esquema”, argumenta un especialista que asesora Juntos por el Cambio.
La consigna mantenida de todos los gobiernos ha sido la generación de empleo genuino para reducir los planes. El macrismo asegura haber creado unos 25.000 puestos de trabajo, pero es una cifra irrisoria si el total fuera de 500.000. Hoy la cifra ha crecido y sólo la creación de unos 600.000 puestos de trabajo podría ser un indicador importante. Con una inflación proyectada del 70%, un gobierno sin credibilidad y una carga fiscal tan alta, nadie se va a llevar a un trabajador si no es un caso de vida o muerte.
En el Frente de Todos apoyan la idea de una renta universal para paliar las necesidades básicas. Aseguran que América Latina va por ese camino y que el IFE demostró que hay 9 millones de personas que requerirían de ese ingreso. Una forma de blanquear más subsidios en lugar de pensar en cómo crear empleos, hacer crecer la economía o luchar contra los empleos negros.
A través de diferentes fundaciones, al menos tres grandes marcas de ropa están abriendo sus propios talleres y buscando trabajadores en diferentes partes del país. Otra empresa, alimentación, por iniciativa propia trabaja con los alimentos que están a punto de caducar, o las frutas y verduras que se desechan y monta cajas de alimentos mucho más económicas y con un esquema nutricional. Contrató mujeres en las quintas para venderlas y ya está en varios puntos del AMBA. El Estado no estuvo presente en ninguno de los casos.
Según un reciente informe de Cáritas y la UCA, 4 de cada 10 argentinos son pobres en términos de ingresos y derechos sociales básicos como educación, salud, vivienda; y 1 de cada 10 experimenta hambre a diario. Los planes sociales blanquean parte de esa realidad, pero no la erradican. Y hasta los gobiernos se jactan cuando informan el número de beneficiarios.
“El problema argentino es que la pobreza actual no es nueva: no hemos podido encontrar las coordenadas de una política de Estado capaz de responder a las necesidades de trabajo y desarrollo humano de nuestra sociedad”, dice Agustín Salvia, del Observatorio de la Deuda Social de la UCA.
Sin embargo, el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner no es austero, ni mucho menos. Detrás del aumento de la asistencia social, que pasó de $84 mil millones a $500 mil millones, siguen multiplicándose los planes y el clientelismo, que muchas veces es un gran negocio que no soluciona el principal flagelo: sacar a millones de familias sumidas en la pobreza a base de educación, capacitación. y creación de empleo. La clase política, incluidos los que critican a la clase política, están en otra cosa.
* Para Clarín
Fuente: diariocordoba.com.ar