Cambios en la SIDE: apoyo del PRO y advertencias
Después de que el Gobierno de Javier Milei defendiera los cambios aplicados en la SIDE, el PRO mostró su apoyo a la medida oficial pero pidió conocer los protocolos de uso y dejó una fuerte advertencia sobre la aprehensión de personas por parte de personal de Inteligencia.
Lo hizo a través de un comunicado del bloque de Diputados del PRO, en el que aclararon que aún siguen analizando el decreto 941/2025, que modifica la Ley de Inteligencia Nacional.
Creemos que los cambios introducidos podrían resultar positivos, pero insistimos en que es imprescindible conocer los protocolos de uso, reglas de empeñamiento y alcances operativos, subrayaron en el texto desde el partido amarillo, aliado del oficialismo. El Gobierno aún debe publicar los protocolos y la normativa complementaria.
Los cambios en la SIDE
Los cambios introducidos achican la estructura de la SIDE, pero le dan más poder. Establece que todas las actividades de inteligencia pasan a tener carácter “encubierto”, por su sensibilidad y con el objetivo de reducir el “riesgo estratégico nacional».
Desde el PRO apuntaron tanto a las tareas de contrainteligencia como a las facultades vinculadas a la aprehensión de personas. En este caso, subrayaron que debe ser de «carácter restrictivo y excepcional, dado que el agente de inteligencia no puede revelar su identidad ni darse a conocer durante el ejercicio de su función».
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Se refirieron así a la facultad que tendrán ahora los agentes de la SIDE para «aprehender» personas si los encuentra bajo flagrancia. Los agentes deberán avisar a las fuerzas de seguridad competentes y también podrá hacerlo con una orden judicial.
Reformas necesarias
En el PRO destacaron la necesidad de modificar la Ley de Inteligencia, sancionada en 2021. «Han pasado 25 años desde su promulgación, y el mundo —junto con sus amenazas y desafíos— ha cambiado de forma radical», manifestaron para respaldar una «reforma estructural e integral del sistema de inteligencia nacional».
Otro de los puntos que valoraron fue la «integración y la unificación de bases de datos estatales», ya que -afirmaron- «Argentina se encontraba décadas atrasada en materia de interoperabilidad de información estratégica para la seguridad nacional».
En ese sentido también pidieron respetar el marco normativo de protección de datos personales.
«Recordamos que el tratamiento de esos datos no es discrecional, sino que se encuentra estrictamente limitado y regulado por las leyes de protección de datos personales vigentes, que establecen de forma taxativa sus usos permitidos. Por ello, no advertimos riesgos legales en la integración de información, siempre que se aplique dentro del marco normativo existente», dijeron.
Reacciones de la oposición
Tras conocerse el texto del decreto, desde la oposición salieron a cuestionar las novedades. Uno de los espacios más opositores fue el kirchnerismo, pero también se pronunciaron en ese sentido la Coalición Cívica, Provincias Unidas y Encuentro Federal.
Leopoldo Moreau alertó que «el DNU, con su contenido y alcance, implica el dictado de una nueva Ley de Inteligencia, violando expresamente la Constitución Nacional». Asimismo advirtió sobre la creación de una «policía secreta».
Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, aseguró: «Todos podemos ser vigilados, perfilados y observados, ahora, gran parte de la información personal pasa a ser insumo de inteligencia».
Conclusiones
El Gobierno de Milei, en tanto, defendió los cambios al afirmar que el decreto «redefine el rol de la Agencia de Seguridad Nacional, que queda circunscripta exclusivamente a tareas de contrainteligencia, eliminando superposiciones, estructuras innecesarias y misiones difusas que solo contribuyeron al desorden y a la falta de control».
En resumen, los cambios en la SIDE han generado diversas opiniones y posturas tanto a favor como en contra. Mientras el Gobierno defiende la reestructuración como necesaria para fortalecer la seguridad nacional, la oposición y otros sectores expresan preocupación por posibles violaciones a la privacidad y un mayor control estatal. El debate sobre la inteligencia y su regulación continuará en los próximos meses.
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