Desde el inicio de mi gestión he advertido sobre la existencia de sótanos que la Argentina ha sostenido a lo largo de los años. Prometí eliminarlos para garantizar una democracia más plena, más profunda y más auténtica.
Ponemos fin a los operadores y mesas judiciales. Los servicios de inteligencia dejaron de deambular por los pasillos de los juzgados. Las escuchas telefónicas de opositores al poder del Estado desaparecieron por completo. Los órganos estatales de inspección y recaudación no fueron nuevamente utilizados en perjuicio de eventuales críticas al gobierno.
Todo este esfuerzo se vuelve vano cuando los factores de poder inciden negativamente en las estructuras del Estado. La Argentina necesita de una vez por todas funcionarios honestos, jueces honestos y empresarios que obtengan sus ganancias sin corromper a los demás.
Hace unos días, un diario de circulación nacional publicó detalles del viaje que realizó un grupo de jueces, fiscales, exfuncionarios públicos y exagentes de la Agencia Federal de Inteligencia, en un avión privado, a Lago Escondido. Allí habrían pasado un fin de semana hospedándose en la mansión de Joe Lewis, un empresario británico propietario de grandes extensiones de tierra en esa zona de nuestra Patagonia.
Parece evidente que el viaje existió. Y todo parece indicar que, sabiendo que el evento se había convertido en noticia, quienes habrían participado en él estaban preocupados por el riesgo real de verse involucrados en una serie de delitos como recibir dádivas e incumplir los deberes de un funcionario público. Tenían una certeza: el principal grupo de medios de Argentina garantizaría la no divulgación de los hechos. Al parecer, eran al mismo tiempo los convocantes de la reunión. Sabiendo eso, todos habrían puesto su mayor esfuerzo en tratar de evitar que otros medios difundieran lo sucedido.
Por primera vez se expone ante nosotros, con enorme contundencia, la forma en que ciertas corporaciones operan sobre funcionarios, jueces y fiscales, procurando de ellos favores que, en muchos casos, buscan ventajas indebidas, mientras que en otros simplemente fomentan la persecución de quienes les hacen frente.
Todo parece indicar que una vez más ha quedado al descubierto el deterioro de la calidad institucional en que han incurrido algunos jueces, fiscales, exfuncionarios y empresarios. Todos ellos involucrados en un perverso juego de cohecho que afecta gravemente el buen funcionamiento del Estado y, en particular, la administración de justicia.
Sigo notando que lo que ha salido es, aparentemente, el resultado de una intromisión en una plataforma de comunicación. Pero eso no es óbice para averiguar cuál fue el propósito de ese viaje, quiénes participaron en él y quién financió el transporte y alojamiento de los viajeros. Este hecho se habría verificado antes del momento en que los integrantes del grupo ‘Operación Página 12’ se preocuparon por la difusión de la noticia y dialogaron en ese sitio digital buscando quedar impunes.
He decidido dar este mensaje desde la Casa Rosada, porque es evidente que gran parte del sistema de medios privados ha decidido no informar sobre lo ocurrido en ese singular viaje a Lago Escondido.
Espero que todos tomemos conciencia de la gravedad de los hechos. Duele a la democracia ver la promiscuidad antirrepublicana con la que se mueven algunos empresarios, algunos jueces, algunos fiscales y algunos funcionarios. Hasta el momento se han sentido impunes. Es hora de que empiecen a rendir cuentas por su comportamiento.
Convencido de que debemos decir “Nunca Más” a las prácticas que lesionan las instituciones de la República, he resuelto:
1) Instruir al Ministro de Justicia para que comparezca ante el Ministerio Público, a fin de solicitar que se investiguen penalmente los hechos relacionados con el viaje de que se trata, especialmente los relacionados con su financiación.
2) Instruir al representante del PEN ante el Consejo de la Magistratura para que solicite la apertura de un sumario ante la Comisión Disciplinaria para investigar la conducta de los magistrados federales.
3) Solicitar al Bloque de Legisladores del Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires que evalúe la conducta de los funcionarios de ese distrito involucrados y, en su caso, presente la Acusación a los funcionarios de la Ciudad involucrados.
4) Solicitar nuevamente al Congreso Nacional que avance en el tratamiento de los proyectos pendientes de reforma del Poder Judicial y la necesaria cobertura del cargo de Fiscal General de la Nación
Muchísimas gracias.
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Fuente: cronista.com