Hasta ese año, el Fondo de Servicio Universal estaba destinado principalmente a programas que garantizaban el acceso a servicios TIC en zonas de menor desarrollo, como el acceso a Internet en escuelas rurales o la conectividad en regiones alejadas de los centros urbanos.
Sin embargo, a partir de 2025, con la aprobación de la Resolución 1182, el foco del FSU se amplió para incluir proyectos de infraestructura de mayor envergadura, como la expansión de data centers o el tendido de fibra óptica a nivel nacional. Esta nueva orientación del fondo generó la acumulación de recursos que hoy supera los $370.000 millones, según estimaciones de la Mesa TIC.
Ante este escenario, las empresas del sector de las telecomunicaciones han planteado la necesidad de revisar el funcionamiento del FSU y buscar mecanismos más eficientes para la utilización de los fondos. La propuesta de reducir la contribución obligatoria del 1% al 0,5% y permitir que una mayor proporción de esos aportes se transforme directamente en inversiones es un primer paso en esa dirección.
El nuevo programa presentado por el Enacom, que permite a las empresas computar parte de sus inversiones en equipamiento y despliegue de redes contra los aportes al FSU, es un avance en esa dirección. Esta medida busca incentivar la inversión en infraestructura y modernización de las redes, al tiempo que contribuye a la eficiencia en el uso de los recursos del fondo.
La posibilidad de imputar los aportes al FSU a la compra de equipamiento para modernización o despliegue de redes, hasta un 50% de los montos invertidos en un plazo máximo de 24 meses, representa una oportunidad para las empresas del sector. Esta medida permitirá a las empresas reducir sus costos operativos y al mismo tiempo contribuir al desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones en el país.
En conclusión, el nuevo programa presentado por el Enacom es un paso en la dirección correcta para revisar el funcionamiento del Fondo de Servicio Universal y buscar mecanismos más eficientes para la utilización de los recursos. La posibilidad de computar inversiones en equipamiento y despliegue de redes contra los aportes al FSU representa una oportunidad para las empresas del sector de las telecomunicaciones, que podrán reducir costos operativos y contribuir al desarrollo de infraestructura en el país.
Reorganización del Fondo Fiduciario del Servicio Universal
Tras la disolución del Fondo Fiduciario del Servicio Universal a comienzos de 2025, la obligación de las empresas continuó vigente, pero ENACOM pasó a recaudar y administrar directamente los recursos.
Críticas al Manejo Anterior del Fondo
Ozores cuestionó durante el encuentro en Córdoba el manejo anterior del Fondo y sostuvo que la actual gestión busca «dar por tierra con usos discrecionales del FSU que han distorsionado el sector con dumping a favor de empresas estatales provinciales».
Impacto del Cambio Tecnológico en el Servicio Universal
El funcionario también vinculó la discusión sobre el Servicio Universal con el cambio tecnológico que produjo la llegada de los servicios satelitales de órbita baja.
Retos para las Empresas ante las Nuevas Tecnologías
«Consideramos, al igual que ellos, que la conectividad satelital LEO ha producido una universalización de cobertura, pero no de asequibilidad», sostuvo Ozores.
Para las empresas, la expansión de esas nuevas tecnologías también obliga a revisar qué proyectos debe financiar el Estado y cuáles pueden ejecutar directamente los operadores.
Desafíos y Decisiones Pendientes
El nuevo programa deja ahora dos definiciones pendientes. Enacom deberá establecer el presupuesto, los requisitos y el universo de inversiones que podrán ser reconocidas. Y el Gobierno deberá resolver si acepta el planteo de mayor alcance de la industria: reducir del 1% al 0,5% la contribución obligatoria que alimenta un Fondo que, según la Mesa TIC, ya supera los $370.000 millones.
En resumen, la reorganización del Fondo Fiduciario del Servicio Universal ha generado debates sobre el manejo de los recursos, la influencia de las nuevas tecnologías y los desafíos para garantizar la conectividad asequible. Las decisiones pendientes marcarán el rumbo de la industria y la inversión en infraestructura tecnológica en el país.
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