Como si se tratara de un clásico institucional que se libra todos los años en Corrientes, una vez más el Ejecutivo y el Poder Judicial lo valen. Históricamente, estos poderes compiten por diferentes razones. Uno de ellos, quizás el más fundamental, tiene que ver con el presupuesto.
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De esta manera, existe un evidente tira y afloja entre el gobierno provincial y la Corte Superior de Justicia, que se refleja en la aplicación de la recomposición salarial establecida semanas atrás por el Acuerdo de Ministros de la Corte de Justicia de Corrientes.
En concreto, la rotación de partidas (dependiente del Ejecutivo) se habría estancado en el momento oportuno, lo que habría obstaculizado el avance y mantenimiento del ajuste ya concedido -hace unos 10 días- del 10%.
El Sindicato de Trabajadores de la Justicia (Sitraj) encendió el semáforo en rojo, reconociendo un miedo latente entre los empleados, ya que no hubo confirmación formal de si las nuevas cantidades a percibir fueron consideradas en la liquidación del próximo salario.
Los referentes sindicales dijeron que los miembros de la Corte Superior de Justicia se comprometieron a que esta mejora salarial se incluya en la retribución de este mes. Sin embargo, señalaron que en las últimas horas “las versiones de una supuesta decisión del Poder Ejecutivo provincial de no pagar los sueldos y haberes del personal del Poder Judicial con la legítima recomposición salarial del 10 por ciento prevista en el Acuerdo Extraordinario No. 5 / 21 de septiembre «.
Aun así, reconocieron que la información es extraoficial, «no confirmada formalmente por la máxima autoridad del Poder Judicial», por lo que entienden «que será necesario esperar al menos hasta el primer día del cronograma de pagos, para verificar que se ha incluido el porcentaje de actualización mencionado ».
En segundo plano, se vuelve a discutir la ley de autarquía financiera del Poder Judicial, norma que actualmente no se está cumpliendo debido a que en el último trimestre de cada año la Justicia se queda sin recursos.
Cada año se hace evidente la constante disputa entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Quienquiera que sea el gobernador, así como quien esté a la cabeza de la mesa de justicia vernácula. Las cifras que reflejan las proyecciones monetarias de la Audiencia Provincial nunca coinciden con el cálculo financiero que la Provincia prepara para los tres poderes, destacando una estrategia de «solicitud de partidas», que muchas veces realiza más de un Presidente del Estado. Superior a pie al cargo de presidente de turno.
Este “acercamiento” no solo muele la calidad institucional en uno de los contrapesos del Estado, sino que también afecta a miles de trabajadores que se ven afectados por este tipo de backstage.
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Fuente: diarioellibertador.com.ar