Desclasificación de los documentos del 23F: una deuda histórica
El Gobierno español ha decidido desclasificar «los documentos del 23F», referidos al intento de golpe de Estado de 1981, que podrían aclarar incógnitas y aportar nueva información sobre la trama militar y civil de la asonada, que fracasó finalmente, cuando el sistema democrático comenzaba a consolidarse.
Antecedentes del 23 de febrero de 1981
Aquel día, el teniente coronel Antonio Tejero irrumpió pistola en mano en el Congreso al mando de un grupo de guardias civiles (policía militarizada) y secuestró a los diputados y al Ejecutivo, que estaban reunidos en pleno para votar la elección de un nuevo presidente del Gobierno.
El papel del rey Juan Carlos
Algunas de las preguntas que han rondado todo este tiempo sobre el 23F giran en torno a si fueron juzgados y condenados todos los que estaban realmente implicados en la conspiración o quién pudiera tener conocimiento previo aunque no participación directa; y sobre el verdadero papel del rey, como han cuestionado reiteradamente fuerzas políticas de la izquierda.
Reacciones ante la desclasificación
El anuncio de Sánchez sobre la clasificación volvió a enfrentar al Partido Socialista (PSOE), en el Gobierno, y la derecha opositora. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, se mostró «convencida» de que la inmensa mayoría de los ciudadanos quieren saber qué pasó el 23F, y argumentó que la desclasificación contribuirá a «prevenir» comportamientos que puedan «amenazar la democracia», en alusión al auge de partidos de ultraderecha.
Valoración de la oposición
Por el contrario, la portavoz del Partido Popular (conservador) en el Congreso, Ester Muñoz, opinó en X que se trata de una «cortina de humo» para desviar la atención de los problemas que afectan a Sánchez y su gobierno. Al margen del PSOE, otras fuerzas de la izquierda valoraron que se levante el secreto sobre el 23F, esperan que realmente sean «todos» los documentos y urgieron a cambiar la ley franquista que regula este tema.
Conclusiones
La desclasificación de los documentos del 23F por parte del Gobierno español representa un paso importante en la búsqueda de la verdad y la transparencia histórica. Es fundamental conocer los hechos ocurridos durante aquel intento de golpe de Estado para fortalecer la democracia y evitar que situaciones similares puedan repetirse en el futuro.
