Elevación a juicio oral en la megaestafa inmobiliaria
A tres años del inicio de la investigación por la megaestafa inmobiliaria atribuida al clan L’Abbate, la Justicia resolvió avanzar hacia una nueva etapa clave: la elevación a juicio oral y público de una parte de la causa. La decisión, que involucra 441 hechos con prueba de estafa y cinco imputados detenidos, abre un escenario de definiciones judiciales, pero también de fuertes cuestionamientos por parte de los damnificados, que denuncian que aún quedan cabos sueltos, especialmente en torno al destino de los fondos.
El entramado de la asociación ilícita
El caso, que fue revelado en sucesivas investigaciones y expuesto por Clarín, gira en torno a la familia encabezada por Vito Antonio L’Abbate, señalada como núcleo de una asociación ilícita que habría montado un esquema de comercialización de desarrollos inmobiliarios que nunca se concretaron o que presentaban irregularidades estructurales. Junto a él aparecen otros integrantes del clan L’abbate, sus hijos, y sociedades vinculadas, como Iwin e Iglass, bajo sospecha de haber participado en el presunto desvío millonario.
Las víctimas y el perjuicio millonario
La causa acumuló centenares de denuncias y más de 500 víctimas que aseguran haber invertido sus ahorros en proyectos que no se entregaron o que quedaron paralizados. Se calcula que el perjuicio podría rondar los 40 millones de dólares. Tras un largo proceso de instrucción, con peritajes contables, testimonios y análisis de documentación comercial, la jueza y la fiscalía resolvieron cerrar esta etapa y elevar a juicio una parte del expediente.
Reclamos de los damnificados
Sin embargo, la decisión no fue recibida con alivio unánime. Para muchos damnificados, el pase a juicio oral llega cuando todavía restan medidas de prueba fundamentales. “La jueza y la fiscalía van a elevar a juicio oral. Los damnificados reclamamos que siga la instrucción dado que falta declarar gente que esclarecería el destino de nuestro dinero”, sostuvo Luz Vázquez, una de las víctimas.
Investigación en curso y tensiones procesales
Fuentes judiciales señalaron que los querellantes, a través de sus abogados, solicitaron medidas de prueba vinculadas con organismos como la UIF, ARCA, el BCRA, la bolsa de valores y el análisis de cuentas bancarias. El objetivo es reconstruir el circuito financiero y determinar si existieron maniobras de lavado o desvío sistemático.
El reclamo por la «ruta del dinero»
La resolución judicial incluye a cinco detenidos y siete personas que prestaron declaración indagatoria. Pero para las querellas, esa cifra es insuficiente frente a la magnitud del expediente. “Hay gente que formó parte de la asociación ilícita y no fue citada nunca”, advierten.
Desafíos y expectativas
La elevación a juicio oral marca un hito en el caso de la megaestafa inmobiliaria atribuida al clan L’Abbate. Implica que el tribunal consideró reunida la prueba suficiente para debatir en audiencia pública la responsabilidad penal de los imputados. Pero también deja abierta la discusión sobre el alcance de la investigación y la necesidad de esclarecer el destino de los millones invertidos.
Mientras tanto, el segundo tramo de la investigación podría profundizar en otras sociedades y en la actuación de escribanos y operadores inmobiliarios.
Conclusiones
La elevación a juicio oral en el caso de la megaestafa inmobiliaria atribuida al clan L’Abbate representa un avance significativo en la búsqueda de justicia para las más de 500 víctimas afectadas. Sin embargo, la polémica en torno al destino de los fondos y la necesidad de seguir investigando para esclarecer completamente el entramado delictivo, marcan un desafío pendiente en este complejo proceso judicial.
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