El Gobierno de Javier Milei ha propuesto un nuevo formato de verificación vehicular (VTV) con el objetivo de simplificar el trámite, reducir costos y aumentar la competencia. Sin embargo, esta reforma no será implementada en la Provincia de Buenos Aires, donde el gobierno de Axel Kicillof ha decidido mantener el esquema actual que rige desde hace más de 30 años.
En la Ciudad de Buenos Aires, tampoco se verán cambios por el momento, ya que el sistema actual se mantiene vigente hasta finales de este año. No obstante, se está trabajando en un proyecto de ley propio que podría entrar en vigor a partir de enero.
La descentralización de las leyes de tránsito permite a cada jurisdicción fijar sus propias reglas y decidir si adherir o no a los cambios propuestos a nivel nacional. En este sentido, el ministro de Transporte de la provincia, Martín Marinucci, ha afirmado que Buenos Aires no se sumará a las modificaciones planteadas por el Gobierno de Milei.
Entre las modificaciones propuestas se encuentran cambios en la periodicidad de las inspecciones técnicas, la habilitación de talleres particulares y concesionarias para realizar la revisión, y la adaptación de los controles a la evolución tecnológica de los vehículos. Estas medidas buscan reducir costos administrativos, modernizar el sistema y adaptarlo a estándares internacionales.
En la Provincia de Buenos Aires, la VTV tiene un costo de $97.057,65 para autos particulares, $38.801,03 para motos y $174.604,64 para vehículos pesados. Por su parte, en la Ciudad de Buenos Aires, el trámite tiene un valor de $75.756,89 para vehículos y $28.484,61 para motos.
A pesar de las diferencias entre las propuestas del Gobierno nacional y las realidades provinciales, es importante destacar que la VTV sigue siendo obligatoria en ambas jurisdicciones. La discusión sobre los cambios en el sistema de verificación técnica vehicular pone de manifiesto la importancia de garantizar la seguridad vial y la transparencia en los procesos de control.
En resumen, la propuesta de reforma en la VTV planteada por el Gobierno de Javier Milei ha generado debate y controversia en diferentes provincias del país. Mientras algunas jurisdicciones deciden mantener el esquema actual, otras evalúan la posibilidad de implementar cambios que se adapten a las necesidades y realidades locales. El desafío está en encontrar un equilibrio entre la modernización del sistema y la garantía de un control efectivo y confiable de los vehículos en circulación.