Extranjeros extienden patentes medicamentos en Argentina

En una decisión que agudiza las tensiones dentro del Gobierno y abre una disputa en el Congreso, el presidente Javier Milei avanzó en uno de los compromisos más sensibles en su acuerdo comercial con los Estados Unidos: destrabó el respeto pleno a la propiedad intelectual en el sector farmacéutico. La derogación de la resolución conjunta de 2012, que trababa el patentamiento de medicamentos, no solo abre una pelea en la Cámara de Diputados, sino que desnuda una interna feroz entre operadores del oficialismo.

Sturzenegger gana terreno mientras Santiago Caputo retrocede en la interna

En el tablero doméstico, el avance de Sturzenegger es leído como una derrota directa del asesor presidencial Santiago Caputo y del ministro de Salud, Mario Lugones. Ambos habían resistido históricamente cualquier flexibilización del régimen de patentes, alineados con los intereses de los laboratorios nacionales agrupados en CILFA, la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos de Argentina. Caputo, con vínculos aceitados con ese sector, había hecho de esa bandera una causa interna. Incluso Lugones, su protegido en Salud y hombre con terminales en el Sanatorio Güemes junto a Luis Barrionuevo y Enrique "Coti" Nosiglia, defendía ese esquema como mecanismo de protección de la industria local. En torno de este conflicto siempre se movieron fuertes intereses económicos de los laboratorios locales y extranjeros.

Esta nueva derrota de Caputo, de todos modos, no es tan sonora como haber perdido el control del Ministerio de Justicia, donde fue desplazado su delfín, Sebastián Amerio, que era el viceministro, y donde no fue escuchado para ungir a Guillermo Montenegro, porque el "karinismo" impuso a Juan Bautista Mahiques como ministro y a Santiago Viola como viceministro. La decisión de Sturzenegger de avanzar, pese a esa resistencia de Caputo, dejó expuesto un dato clave: no había manera de no hacerlo una vez firmado el Acuerdo Comercial, y menos aún cuando la presión viene de Washington: el equilibrio interno del mileísmo se redefine.

Los laboratorios extranjeros celebran mientras los nacionales temen el impacto

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La resolución no puede leerse sin el contexto internacional. El capítulo de propiedad intelectual fue central en el entendimiento con Estados Unidos, donde el lobby de los grandes laboratorios y de la industria de agroquímicos tiene peso estructural. El mensaje de Washington fue claro: sin un régimen de patentes robusto, no hay acuerdo posible. De hecho, el alineamiento con estándares internacionales -incluido el cumplimiento del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la OMC- y la futura adhesión al Patent Cooperation Treaty (PCT) son condiciones necesarias no solo para consolidar el vínculo bilateral, sino también para avanzar en el objetivo estratégico de ingresar a la OCDE, el club de los países desarrollados.

El PCT, que ahora deberá tratar la Cámara de Diputados, implica un cambio estructural: una patente registrada en un país miembro tendrá validez automática en más de 100 países firmantes –la Argentina sería uno de ellos- durante 20 años. En la práctica, blinda la innovación y bloquea la copia de fórmulas por parte de terceros.

En otras palabras: la protección de la propiedad intelectual que impusieron los Estados Unidos consistirá lisa y llanamente que un laboratorio argentino no pueda copiar por dos décadas una fórmula que patenta una empresa de cualquier parte del mundo con sus propias investigaciones. Solo cumplido ese lapso, el local lo puede comercializar.

La transición prevé que los medicamentos actuales sigan sin restricciones

La Resolución 1/2026 incluye, sin embargo, un mecanismo de transición clave: los medicamentos que ya están en el mercado podrán seguir comercializándose sin restricciones ni pago de regalías, incluso si se otorgan patentes sobre ellos a partir de ahora. Es un intento de evitar un shock inmediato en precios y abastecimiento, aunque no altera la tendencia de fondo: hacia adelante, el sistema se alinea con los estándares internacionales. El INPI, además, recupera plena discrecionalidad técnica para analizar caso por caso, sin las restricciones adicionales que imponía la normativa kirchnerista. Incluso, una exigencia norteamericana es dotar al organismo de mayor personal técnico especializado.

El Congreso será el escenario de la próxima batalla por las patentes

El verdadero test político será en Diputados. La adhesión al PCT —que tiene media sanción del Senado desde los años del menemismo— reabrirá la puja entre dos modelos: apertura e integración global versus protección de la industria local. Allí volverán a cruzarse los intereses de los laboratorios extranjeros, el Gobierno alineado con Estados Unidos y el lobby de CILFA, que buscará aliados para bloquear o diluir la iniciativa. No será una discusión técnica, sino profundamente política.

En resumen, la decisión del presidente Milei de avanzar en el respeto a la propiedad intelectual en el sector farmacéutico ha generado tensiones internas en el Gobierno y promete abrir una disputa en el Congreso. El cambio en la normativa implica un giro significativo en las políticas relacionadas con las patentes de medicamentos, con repercusiones tanto para los laboratorios extranjeros como para los nacionales. La batalla política se trasladará al ámbito legislativo, donde se definirá el rumbo que tomará la protección de la propiedad intelectual en el país.