El caso de la nena de 10 años apuñalada por un femicida condenado a prisión perpetua ha conmocionado a la localidad de Santa Rosa del Conlara, en San Luis. El ataque perpetrado por Diego Domingo Ponce, quien se encontraba en libertad condicional, pone de manifiesto las falencias del sistema judicial y la necesidad de revisar los criterios para otorgar este tipo de beneficios.
Un ataque despiadado
E., la pequeña víctima, se encontraba sola en su casa cuando Ponce, aprovechando un descuido, ingresó para robar. A pesar de que la niña no opuso resistencia, el agresor le propinó varias puñaladas, dejándola gravemente herida. La valentía de la niña al simular estar muerta y pedir ayuda demuestra su fortaleza en medio de la adversidad.
Un historial violento
Diego Domingo Ponce, condenado por el femicidio de Laura Natalia Chirino en 2002, ya había demostrado su peligrosidad en el pasado. Su relación obsesiva con la víctima y el modus operandi para deshacerse de la evidencia revelan un perfil violento y manipulador. A pesar de estar cumpliendo una condena a perpetua, se le otorgó la libertad condicional, una decisión cuestionable en vista de su historial delictivo.
Reacciones y críticas
La detención de Ponce después del ataque no ha calmado la indignación de la comunidad. La jueza de Ejecución Penal, Nora Villegas, ha sido señalada como responsable de habilitar la libertad condicional de un individuo con antecedentes tan graves. Los vecinos exigen justicia y seguridad, mostrando su repudio a un sistema judicial que parece favorecer a los criminales en lugar de proteger a la sociedad.
Un llamado a la reflexión
El caso de la nena apuñalada pone en evidencia la necesidad de revisar los criterios para otorgar libertad condicional a delincuentes con historial violento. La seguridad de la sociedad debe ser prioritaria frente a cualquier consideración garantista. Es fundamental que las autoridades judiciales actúen con responsabilidad y consideren el riesgo que representa liberar a individuos peligrosos como Diego Domingo Ponce.
En resumen, el ataque a la niña en Santa Rosa del Conlara es un recordatorio de las consecuencias devastadoras de decisiones judiciales mal fundamentadas. La sociedad debe exigir un sistema de justicia que proteja a los ciudadanos y garantice la seguridad de todos, sin privilegiar a los victimarios.
