La policía de inmigración de Estados Unidos, o ICE, está en el ojo de la tormenta tras varios acontecimientos que generaron protestas importantes. Si bien su objetivo declarado es “proteger al país del crimen transfronterizo e inmigración ilegal”, las detenciones suelen no tener filtro. En las redadas caen personas en situación irregular o no, inmigrantes o no. Un francés, que pudo escapar de sus jaulas tras un mes, ha decidido contar su historia para denunciar sus métodos y el infierno que viven a diario los que no pueden salir.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, conocido como ICE, da mucho que hablar desde el asesinato en Mineápolis de Renee Good y Alex Pretti, dos estadounidenses que se manifestaban en contra de su actuar y para proteger a la gente amenazada de expulsión, muchas veces latinoamericanos. La detención de un niño, Liam Ramos, de cinco años y de origen ecuatoriano, también echó leña al fuego.
Julien Pereira, un francés de 26 años, no pensaba contar su historia a la prensa, pero al ver las noticias de este enero, pensó que esta podría ayudar a entender el sistema desde el interior: “Pensé que quizá sería bueno hablar de lo que ocurre en ICE y dar a conocer los abusos que se cometen adentro”, explica.
El joven llegó a Estados Unidos a los 17 años para estudiar y jugar al tenis a alto nivel. Tras más de siete años entre estudios y trabajo, un club de tenis le ofreció un empleo con la promesa de un visado. Pero en marzo de 2025, un problema administrativo invalida su visado y su abogado le aconseja que abandone el territorio estadounidense enseguida.
Al no haber vuelos inmediatos, Julien buscó pasar por Canadá, pero lo devolvieron a EE.UU.. Es entonces que fue detenido por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza: los agentes le indican que no aparece ninguna solicitud de visado en su base de datos y lo consideran en situación irregular.
Tras dos días y medio retenido en Champlain, en el estado de Nueva York, Julien Pereira es trasladado en autobús -esposado en manos, pies y cintura- a un centro de detención federal en Batavia, cerca de Buffalo, un centro que depende del ICE. Ahí descubre un sistema que “se ha vuelto inhumano” y es “dirigido por incompetentes”, según cuenta al HuffPost.
A su llegada, lo meten en un dormitorio donde las luces permanecen encendidas todo el tiempo. “Era una prisión con unas 80 personas por bloque. Los primeros días dormí en el suelo. Los baños y las duchas eran abiertos. La alimentación era complicada, no comía lo suficiente, a veces me daban leche vencida, perdí siete kilos en un mes”, recuerda.
“Había muchos mexicanos, guatemaltecos, kazajos y eritreos”, según él, todos detenidos por temas relacionados con la inmigración. Algunos llevan años esperando, como un eritreo que le contó que llevaba cinco años ahí: “No podía volver a su país, así que solicitó asilo. Empezó una huelga de hambre y un guardia le dijo: ‘Si te morís, me da igual’”.
Pereira es consciente de su suerte en comparación con sus compañeros de infortunio: “Algunas personas con las que estuve detenido llegaron cuando tenían un año, han vivido toda su vida ahí, no hablan español, y sin embargo las envían de vuelta a México, un país que no conocen. Yo tengo la suerte de no tener miedo de volver a casa”, señala.
Tras dos semanas encerrado, es trasladado a un centro de detención privado en California, cerca de la frontera con México. Pero, subraya Pereira, los traslados anulan automáticamente las audiencias judiciales en curso, lo que prolonga la detención. “Tuve suerte de tener un abogado: muchos detenidos no tienen acceso a uno. Es demasiado caro o no hablan inglés, tampoco conocen realmente sus derechos…”, indica.
“Es una auténtica fábrica de detenidos. Una máquina privada que funciona a pleno rendimiento”, agrega, precisando que “las prisiones están gestionadas por empresas privadas que ganan dinero manteniéndote allí el mayor tiempo posible”.
Al final, es liberado y dejado en la frontera mexicana, donde una asociación lo alberga. El 15 de abril, la justicia estadounidense le permitirá dejar el país con la prohibición de volver durante cinco años, y con un mes para poner sus cosas en orden, un privilegio en comparación con la suerte de sus compañeros de celda.
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