Control de drogas en San Luis: una iniciativa pionera
Hace un año, San Luis arrancó con narcotests a jueces, ministros y diputados, en búsqueda de cocaína, marihuana y anfetaminas, y ahora amplía los controles a los más de 5000 policías, los agentes penitenciarios y a todo el personal de Salud de la provincia.
Resultados y acciones tomadas
Aprobado por ley y efectuados por sorteo, durante 2025 en San Luis realizaron 1909 controles toxicológicos a funcionarios de los tres poderes del Estado. «Sobre consumo de drogas ilegales fueron detectados ocho funcionarios y 40 por consumo excesivo de drogas legales«, señaló Ricardo Bazla, secretario de Ética Pública y Control de Gestión de San Luis.
Bazla aclaró que ningún caso positivo alcanzó a Secretarios de Estado o ministros del Poder Ejecutivo. En todos los casos son anónimos y no pueden revelar de forma pública los casos positivos.
Ampliación de los controles
Un año después del lanzamiento de la ley, que arrancó con el vicegobernador, este mes ampliarán los test a las fuerzas de Seguridad y personal de la Salud. Con más de 5000 policías; 650 agentes del Servicio Penitenciario; y otras 5000 personas, entre distintos profesionales de la medicina, enfermeros y camilleros.
Al igual que los controles a los tres poderes del Estado, los test estarán a cargo de un ente independiente del Gobierno, como la Universidad Nacional de San Luis y el costo será asumido por cada uno de los sorteados.
Proceso de los controles y contrapruebas
«El test vale $25 mil, nos lo paga el Gobierno, pero lo afronta cada empleado sorteado. En el caso de que alguno de los casos positivos quiera una contraprueba, tiene un costo de $ 140 mil«, señaló Sebastián Andújar, decano de la Facultad de Bioquímica de la Universidad de San Luis.
Una de las contrapruebas dio negativo. «En un caso en particular, el primero había sido positivo y la contraprueba negativa, y fue lo definitivo», remarcó Bazla.
Impacto y replicación de la iniciativa
A lo largo del año pasado, la iniciativa de San Luis fue replicada en Neuquén, Chaco, Santa Fe, Tucumán y Córdoba. Y hace pocas semanas, tras un fracaso en la Legislatura, el gobernador de Salta Gustavo Sáenz, incorporó el narcotest por decreto.
Tras los 1909 test en el primer año, para 2026 esperan alcanzar los 6000 controles. Cuando los empleados públicos resultan sorteados en un evento mensual en la Lotería de la Provincia, a las 24 horas son notificados.
«Los bioquímicos que toman las muestras no saben quiénes son las personas porque no se presentan con DNI sino con un token que elabora el área de informática de la provincia. A cada legajo se le asigna un orden y un token para el sorteo. Ponen como firma el número de orden. La bioquímica carga el resultado con un código de barras y se puede hacer el seguimiento, sin saber quién es la persona», detalla Andújar.
Conclusiones
La iniciativa de San Luis de realizar controles toxicológicos a funcionarios públicos ha tenido un impacto significativo en la detección y tratamiento de posibles adicciones. Con una ampliación de los test a diferentes sectores de la sociedad, se busca garantizar un ambiente laboral más saludable y seguro para todos los ciudadanos de la provincia.
