Condena millonaria a Greenpeace en Estados Unidos
Un juez de Dakota del Norte, en Estados Unidos, confirmó este viernes una condena que obliga a Greenpeace a pagar 345 millones de dólares por daños y perjuicios al operador de un oleoducto contra cuya construcción la organización ambientalista había protestado hace casi una década.
El fallo fue firmado por el juez James Gion, quien redujo casi a la mitad el monto original de la indemnización fijada por un jurado el año pasado.
La demanda fue impulsada por la empresa Energy Transfer, conglomerado energético responsable del proyecto, que acusó a Greenpeace de haber orquestado actos de violencia y campañas de difamación durante la controvertida construcción del oleoducto.
La ONG denunció que el objetivo de la demanda es “hacerla callar” y llevarla a la ruina financiera.
Según la compañía, las protestas incluyeron delitos como allanamiento, molestias, conspiración y privación de acceso a la propiedad.
Desde Greenpeace rechazaron de manera tajante el fallo y adelantaron que continuarán la batalla judicial.
“Esta batalla legal está lejos de terminar”, afirmó Kristin Casper, asesora jurídica general de Greenpeace Internacional.
La ONG considera que el litigio forma parte de una estrategia para desalentar la protesta social y limitar la acción de los movimientos ambientalistas frente a proyectos energéticos de gran escala.
Casper sostuvo además que tanto Greenpeace Internacional como las entidades de Greenpeace en Estados Unidos cuentan con “sólidos argumentos” para lograr la desestimación de todas las demandas en su contra.
Conclusión
En resumen, la condena millonaria impuesta a Greenpeace en Estados Unidos por daños y perjuicios relacionados con protestas contra un oleoducto ha generado controversia y la promesa de continuar la batalla judicial. La ONG sostiene que se trata de un intento por silenciar su voz y limitar la acción de los movimientos ambientalistas, mientras que la empresa demandante argumenta actos de violencia y difamación. El desenlace de este caso tendrá un impacto significativo en la defensa del medio ambiente y en la libertad de expresión de las organizaciones de la sociedad civil.