América Latina está atrapada en una “trampa del desarrollo” con una alta desigualdad de ingresos y un bajo crecimiento económico, un problema ahora exacerbado por los efectos de la pandemia Covid-19. La conclusión proviene del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), que anunció este martes (22) el Informe Regional de Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe.
Las soluciones, según el documento, implican mejoras en las políticas sociales, combatir la violencia y reducir la concentración del poder económico y político.
La llegada de la crisis de salud por coronavirus, dice el documento, pesó más sobre los que ya se quedaron atrás, ensanchando las desigualdades a lo largo de 2020 y 2021. La pérdida de ingresos fue más intensa en los más pobres, especialmente en los pobres informales.
El documento recuerda que América Latina se convirtió en el epicentro del Covid-19, que desencadenó crisis económicas y sociales. El aumento de la pobreza y el hambre está asociado con un espacio fiscal limitado, lo que dificulta que los gobiernos implementen medidas. Para el PNUD, la reconstrucción puede llevar mucho tiempo.
Entre las mayores preocupaciones, el informe cita el impacto desigual de la crisis de salud en los estudiantes. Existen barreras para los más pobres, como la dificultad para acceder a herramientas tecnológicas en el hogar y la disparidad en la formación de los miembros de la familia.
“El nivel educativo de los adultos en América Latina todavía está muy determinado por el nivel educativo de los padres. Es probable que Covid-19 refuerce ese patrón ”, dice el informe.
Los países latinoamericanos observaron una reducción generalizada de los índices de desigualdad entre 2000 y 2010. En el caso de Brasil, el organismo de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) menciona como un factor importante la política de reajuste del salario mínimo.
A partir de 2010, el ritmo de mejora se desaceleró y se estancó en los últimos años. Algunos países del continente revirtieron la trayectoria y observaron un empeoramiento del índice incluso antes de la llegada de la pandemia de coronavirus.
Uno de los síntomas que presenta el PNUD para la desigualdad en Brasil es la participación de los ingresos acumulados por la élite. El 10% más rico del país posee el 57% de la renta nacional, solo superado por la concentración observada en Chile y México en una evaluación realizada con diez países del continente.
La desigualdad tiene diferentes capas que son analizadas por el PNUD. La agencia menciona, por ejemplo, la diferencia de oportunidades entre hombres y mujeres. En Brasil, ganan en promedio un 25% menos que los hombres con características y formación equivalentes.
El documento también destaca la discriminación que enfrentan las personas LGBT + en el mercado laboral, además de ser víctimas con mayor frecuencia de violencia. El documento destaca que las minorías étnicas continúan sufriendo de falta de reconocimiento y rezagadas en el acceso a los servicios básicos.
El informe afirma que el desempeño económico de América Latina en las últimas décadas se caracteriza por una alta volatilidad y resultados mediocres. El crecimiento medio de los países suele oscilar entre el 0% y el 3% anual.
Según la agencia, un factor determinante para estos resultados es la baja productividad común a los países latinoamericanos.
El informe trae investigaciones que buscan comprender lo que la gente piensa sobre la desigualdad. El argumento es que es importante conocer la percepción de la injusticia porque determina las actitudes políticas de las sociedades.
En Brasil, por ejemplo, el 86% de las personas piensa que la distribución del ingreso es injusta (el promedio latinoamericano es del 81%). Además, el 74% de los brasileños cree que se rige por los intereses de grupos pequeños y poderosos (un promedio del 77% en el continente).
Según el PNUD, la concentración de poder en manos de unos pocos es uno de los factores que tienden a incrementar la desigualdad y el bajo crecimiento. Estos grupos influyen en la formulación de políticas distorsionadas. Y, según el documento, América Latina está dominada por una pequeña cantidad de empresas gigantes con un alto nivel de poder.
“Esta influencia se ejerce a través de la interferencia en las reformas tributarias, en formas que van desde bloquear aumentos de impuestos para empresas y empresarios hasta el compromiso de recursos fiscales, presionando por exenciones y subsidios para sus operaciones, lo que impide el gasto redistributivo”, dice.
Para eliminar estas distorsiones, el organismo de la ONU sugiere revisar las reglas del mercado para eliminar los intereses privados favorables, además de promover el debate sobre cómo gravar a los superricos.
Otro punto central de la proliferación de la desigualdad es la violencia. América Latina alberga al 9% de la población mundial, pero es responsable del 34% de las muertes violentas registradas en el mundo.
En la pandemia, un factor se agravó significativamente en esta área, según el documento. Hubo un aumento en la incidencia de violencia doméstica.
Para el PNUD, como lo viven desproporcionadamente personas que ya se encuentran en una situación frágil, la violencia contribuye a perpetuar las privaciones de estas poblaciones. Además, deteriora los derechos, empeora la salud física y mental, reduce los resultados educativos y limita la participación en el mercado laboral.
Como forma de enfrentar el problema, la ONU sugiere establecer sistemas de justicia más efectivos, mejorar las estadísticas, promover el empoderamiento económico de las mujeres y discutir la despenalización de sustancias que ahora son ilegales.
Otro problema observado en Brasil y países vecinos es el mercado laboral segmentado entre formal e informal. Este último grupo está menos protegido, recibe servicios de menor calidad y tiene mayor dificultad para mejorar las condiciones de ingresos.
El PNUD afirma que la pobreza ha disminuido en América Latina principalmente debido a los programas de transferencia directa de recursos, y no tanto porque los ingresos de los más pobres se hayan ganado por sí mismos.
El organismo afirma que la protección social de los vulnerables es una de las principales herramientas para mitigar las desigualdades y sugiere que toda la población expuesta a cierto riesgo sea cubierta por un mismo programa, sin fragmentación.
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