En la ciudad de Villa Allende, el intendente Pablo Cornet ha propuesto cerrar con portones algunos barrios como medida de seguridad para prevenir el delito. Esta iniciativa ha generado un conflicto con los vecinos que se oponen al proyecto, argumentando que no desean «vivir encerrados». A pesar de las protestas y las acciones legales de los autoconvocados, el municipio ha avanzado con la instalación de los portones en dos barrios, Pan de Azúcar y Lomas Sur, como parte de un plan piloto de seguridad integral.
En un contexto donde aproximadamente el 30% de la población de Villa Allende reside en barrios cerrados, la propuesta del intendente busca brindar un nivel de seguridad similar a aquellos que viven en este tipo de urbanizaciones. Sin embargo, los vecinos que se oponen al proyecto argumentan que no se han realizado estudios de impacto ni simulacros de rescate, poniendo en duda la efectividad de la medida.
La batalla judicial entre los vecinos y el municipio ha sido intensa, con el rechazo de un recurso de amparo por parte de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Los autoconvocados han apelado esta decisión, cuestionando la constitucionalidad del proyecto y señalando posibles consecuencias negativas, como dificultades para evacuar los barrios en caso de emergencias.
El intendente Cornet ha defendido la iniciativa, argumentando que se basa en un análisis detallado de las zonas con mayor índice delictivo y en la implementación de un sistema de monitoreo y cierre para mejorar la seguridad. A pesar de las críticas y las acusaciones de motivaciones políticas, el municipio continúa con su plan de instalar los portones, asegurando que beneficiará a la comunidad y revalorizará las propiedades en la zona.
En resumen, la propuesta de cerrar con portones algunos barrios de Villa Allende ha generado un intenso debate entre los vecinos y las autoridades municipales. Mientras que el intendente busca mejorar la seguridad y prevenir el delito, los opositores al proyecto plantean dudas sobre su efectividad y posibles repercusiones negativas en la comunidad. La batalla legal y las diferencias de opinión continúan sin una resolución clara a la vista.
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