Intervención judicial en conflictos familiares: claves y pasos

Convivencia en edificios: conflictos por salud mental

Las llamadas al 911, las denuncias en fiscalías y los reclamos a administradores se volvieron comunes en algunos edificios de la Ciudad cuando un vecino protagoniza episodios que alteran la convivencia. Gritos durante la madrugada, amenazas, acumulación de basura o comportamientos agresivos forman parte de las situaciones más frecuentes.

«En mi edificio tenemos una situación muy compleja desde hace varios meses. Un vecino tiene problemas psiquiátricos y por las noches empieza a los gritos, es imposible dormir. Pero además amenazó a otros vecinos. Ya no sé cuántas veces llamamos a la Policía y al SAME psiquiátrico. Hicimos denuncias en la fiscalía, pero los tiempos son tremendamente lentos y seguimos viviendo con esta incertidumbre cada día», contó a Clarín una vecina de Almagro que pidió reserva de identidad.

Complejidad de los conflictos

Nora Cattaneo, titular de la Dirección de Mediación, Conciliación y Arbitraje de la Defensoría del Pueblo porteña, le dijo a Clarín que la mayoría de los casos comienzan con reclamos por ruidos molestos, olores, problemas de higiene o conflictos vinculados con espacios comunes.

Sin embargo, además de muchos de esos expedientes aparecen situaciones más complejas relacionadas con salud mental, consumos problemáticos o adultos mayores en situación de vulnerabilidad.

«Las consultas nunca llegan etiquetadas como salud mental. Llegan por problemas de convivencia y después aparece la complejidad del caso«, dijo.

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Intervención judicial y Ley Nacional de Salud Mental

Fuentes oficiales de la Fiscalía le dijeron a Clarín que no toda conducta extraña o molesta habilita una actuación judicial.

La intervención penal aparece cuando existen hechos concretos que pueden constituir delitos o contravenciones, como amenazas, daños, lesiones, hostigamientos o situaciones de riesgo para terceros.

Las mismas fuentes remarcaron que cada situación se analiza individualmente y que no existe una respuesta automática.

Desde el Ministerio Público Fiscal explicaron a Clarín que una persona no puede ser internada únicamente porque otros vecinos la consideren peligrosa o conflictiva. Para avanzar con una internación involuntaria debe existir una evaluación profesional que determine un riesgo cierto e inminente para sí misma o para terceros.

En busca de soluciones

Según Cattaneo, el error más frecuente es acumular denuncias en distintos organismos al mismo tiempo creyendo que eso acelerará la solución.

«La convivencia debe abordarse de menos a más: diálogo, administración, mediación y, si corresponde, intervención judicial», señaló.

La funcionaria aclaró además que cuando aparecen amenazas, agresiones o episodios violentos, la mediación deja de ser suficiente y deben intervenir otros organismos del Estado.

Mientras aumentan las consultas por conflictos de convivencia vinculados a salud mental, vecinos, administradores y organismos públicos enfrentan un escenario complejo: encontrar una solución que permita proteger al resto de los habitantes del edificio sin vulnerar los derechos de la persona involucrada. Esa tensión genera discusión mientras que explica por qué muchos de estos casos se extienden durante meses e incluso años antes de encontrar una respuesta definitiva.

Cierre

En definitiva, los conflictos en edificios relacionados con problemas de salud mental plantean desafíos importantes en cuanto a la convivencia y la protección de los derechos de todos los involucrados. Es fundamental abordar estos casos con sensibilidad, buscando soluciones que respeten la dignidad de cada persona y garanticen un ambiente seguro y armonioso para todos los vecinos.