El rechazo a los querellantes bielorrusos en el criptoescándalo $LIBRA
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ha tomado una decisión en relación a dos ciudadanos bielorrusos que denunciaron pérdidas millonarias tras invertir en la criptomoneda $LIBRA, promocionada por el presidente Javier Milei. A continuación, se detallan los motivos que llevaron al rechazo de su solicitud como querellantes en la causa.
La denuncia de los ciudadanos bielorrusos
Lapchenko Vladislav Andreevich y Krasutskaya Sviatlana Vitalievna, residentes en Minsk, realizaron inversiones en $LIBRA siguiendo la invitación de Milei a través de Twitter. Andreevich afirmó haber perdido más de 200 mil dólares en operaciones de compra y venta de la criptomoneda, mientras que Vitalievna reportó pérdidas superiores al millón de dólares.
La decisión del juez
Martínez de Giorgi rechazó aceptar a los bielorrusos como querellantes, argumentando dificultades para comprobar su identidad y la titularidad de los fondos perdidos. Además, señaló las restricciones financieras internacionales que afectan a ciudadanos bielorrusos como motivo para denegar la solicitud.
Argumentos y controversias
La falta de certificación KYC en la red de criptomonedas ha sido un punto de discusión en este caso, ya que dificulta la verificación de la propiedad de los fondos. Los abogados de los querellantes planean apelar la decisión del juez y continuar con la búsqueda de más afectados por el criptoescándalo.
Impacto internacional
Las pérdidas de los inversores internacionales en $LIBRA ascienden a millones de dólares, lo que ha generado una repercusión a nivel global. La causa también se encuentra bajo investigación en Estados Unidos, donde se han iniciado acciones legales contra Hayden Davis, presuntamente involucrado en el proyecto.
Conclusiones
El rechazo a los querellantes bielorrusos en el caso del criptoescándalo $LIBRA evidencia las complejidades y desafíos que rodean a las inversiones en criptomonedas. La falta de regulación y certificación en este ámbito plantea interrogantes sobre la protección de los inversores y la responsabilidad de los promotores de estos proyectos.