El Gobierno ha estado concentrado en una gira internacional de la que hay mucho para mirar. Y sobre todo hay mucho para mirar de lo que el Gobierno no muestra. Esta gira incluyó una reunión de líderes, de jefes de Estado, del G20, en Roma, lugar al que Alberto Fernández, como le sucedía también a Cristina Kirchner, pudo asistir gracias al protagonismo y a la banca que consiguió mucho tiempo atrás el gobierno de Menem, del que formó parte también Alberto Fernández.
Seguramente por políticas que hoy son denostadas por el gobierno actual. Y participó de una reunión, una cumbre ambiental de las Naciones Unidas en Glasgow, de la cual el Gobierno trae lo que probablemente sea su mayor éxito en la gira: un anuncio de inversiones, con todo lo inciertos que son este tipo de anuncios.
Es una inversión para generar hidrógeno de manera verde, es decir, sin contaminación, en la provincia de Río Negro. Esto es algo que consiguió Matías Kulfas de una empresa australiana, por US$7000 millones. Pero es algo que va a ocurrir en 2025, con una cantidad de incógnitas, algunas de ellas muy importantes, por ejemplo cómo se va a almacenar ese hidrógeno, teniendo en cuenta, según dicen los expertos, que el hidrógeno es sumamente corrosivo.
Esta inversión llega de la mano del exrugbier y empresario Agustín Pichot, a quien hay que mirarlo en este mundo de la energía como representante de esa empresa australiana, pero mucho más en el mundo de los medios, y de los contratos con los medios, en el negocio del rugby y en el negocio importantísimo y muy ligado al Estado de la televisación de los deportes en los medios. Siempre en proximidad con ejecutivos de grandes empresas de entretenimiento.
Pichot, representante de esa empresa australiana, la acercó al Gobierno y trabajaron durante un año en ese anuncio que es, probablemente, la bandera más importante -y como dije incierta, muy incierta- que puede traer Alberto Fernández de ese viaje. ¿Por qué? Porque el resto de los temas que se hablaron tienen algo de engañoso.
Para ponerlo en los términos que usó el ministro Martín Guzmán aquella vez que fue al Congreso sin saber que tenía el micrófono abierto: sarasa. Es interesante la idea de sarasa, que le explicaba aquella vez Martín Guzmán a Sergio Massa, como diciendo: “Bueno, si hay que hablar de algo, les doy sarasa a los diputados”.
Interesante sobre todo en un académico: seguramente en Columbia no le permiten la sarasa, pero en el Congreso él cree que es un ámbito donde a los representantes del pueblo se les puede dar sarasa. Lo mismo pasa ahora con la ciudadanía argentina, a la que le dan sarasa. Pero muy especialmente, a una ciudadana, que es Cristina Kirchner, a la que hay que envolverle en sarasa los ajustes que se van a pactar, si es que se llega a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a analizar todo esto.
El Gobierno, básicamente Guzmán, tiene dos reclamos políticos frente al Fondo. Son demandas para mostrarle al ala izquierda del oficialismo y sobre todo a la vicepresidenta, que hay conquistas en esa negociación. Ese primer reclamo era que el plazo para devolver el préstamo que había tomado el gobierno de Macri con el Fondo se extendiera a 25 años. Ese pedido se ha dado de baja. No se habla más de eso porque es imposible. Es una bandera que se arrió.
El segundo de los pedidos tiene que ver con un detalle que es la sobretasa que pagan los países cuando toman prestado del FMI un monto superior a su cuota parte en la entidad. El Fondo es como una sociedad en la que cada país tiene una participación accionaria: si uno pide un préstamo que excede esa participación accionaria tiene que pagar una tasa de interés adicional y si ese crédito se extiende por más de tres años, también.
La Argentina está pidiendo al Fondo bajar esa sobretasa. Se nos dijo que en la declaración final del G20, el propio G20 le pide al Fondo Monetario Internacional que se haga cargo de ese reclamo. Obviamente no hablan de la Argentina, pero es un reclamo que poner la Argentina en esa declaración.
Pero cuando uno lee la declaración, lo que dice el G20 es: “Nuestros ministros de economía van a seguir discutiendo la cuestión de las sobretasas”. Cosa que ya vienen haciendo. No está diciendo que se le pide al Fondo eliminar esas sobretasas ni reducirlas. Jorgelina do Rosario y Eric Martin, que son periodistas de Bloomberg, publicaron que ya hubo una discusión dentro del Fondo, informal, y que este reclamo de la Argentina fue denegado. Ahora aparece esta mención en esta declaración del G20 que lo que dice es “seguimos discutiendo”. Pero cabe la posibilidad de que sigan discutiendo y en una reunión formal digan que no. Esto es lo que se logró. No más que esto. Para que se reduzca una sobretasa que sería aproximadamente entre 960 y 1200 millones de dólares al año.
Es la décima parte de lo que paga el Estado, el Banco Central, en concepto de tasas de las Leliqs. El Gobierno emite toneladas de pesos y para que esas toneladas de pesos no terminen impactando en la inflación de manera exorbitante, los reabsorbe emitiendo un instrumento financiero que se llama Leliq. Y paga una tasa, cada vez más cara, por esas Leliqs.
En este momento está pagando 13.000 millones de dólares por año, 10 veces más de lo que pretende reducir de la sobretasa que le pagaríamos al Fondo. Qué quiere decir: que el problema está en las Leliqs, no en la sobretasa del FMI. Quiere decir que el Gobierno tendría que revisar su política de emisión y reabsorción, que es lo que Alberto Fernández había prometido cuando en la campaña decía: “Yo voy a bajar la tasa de las Leliqs para aumentar las jubilaciones”. Las tasas de las Leliqs no bajaron y las jubilaciones se están licuando con la inflación.
Quiere decir que esto que nos presentan como la gran lucha frente al Fondo es un dato marginal frente a un problema mucho más importante, que es el problema de la emisión monetaria, del financiamiento del gasto público, que termina cargando al Banco Central con una deuda enorme cada vez más difícil de pagar.
El concepto central que debe tomarse en cuenta tiene que ver con la tasa de interés que paga la Argentina. Si normalizáramos la relación con el Fondo Monetario Internacional, el país podría estar pagando una tasa del 4 por ciento al Fondo.
Si tomamos la tasa del mercado, hoy es del 20%. Es lo que indica el índice de riesgo país. Obviamente que al 20% no se puede tomar. No tenemos acceso al crédito. Si lo tuviéramos probablemente pagaríamos entre siete y ocho por ciento, que es lo que correspondería a una economía argentina normalizada. Al Fondo le pagaríamos 4 por ciento y seguimos dudando si conviene acordar o no con el Fondo, con lo que nos estaríamos ahorrando 4 puntos de tasa.
El tercer argumento oficial tiene que ver con que el Fondo pide a la Argentina un acuerdo político: es decir que la oposición convalide el acuerdo que eventualmente Guzmán haga con el Fondo. Eso también es falso. Si uno mira cualquier acuerdo con el Fondo que hace cualquier país, no se le pide eso, entre otras cosas porque el FMI no tiene autoridad para resolver la vida interna de un país y decir lo que tiene que hacer o no la oposición. No tiene imperio sobre la oposición. Lo que sí sucedió es que Guzmán impulsó una ley para que el acuerdo deba pasar por el Congreso, de tal manera que la oposición quede atada a sus ajustes. Y este es el discurso del acuerdo político para socializar con la oposición las medidas antipáticas, que en la medida en que el descalabro es mayor, son cada vez más dolorosas. Coparticiparlos con la oposición no es algo que pide el Fondo.
En una encuesta de Aresco, de Federico Aurelio, que se realizó en la provincia de Buenos Aires, donde el Gobierno tiene su base electoral más valiosa, los votos de Cristina, hay una idea sobre lo que el electorado piensa sobre un acuerdo con el Fondo. ¿Qué es lo que dice esa encuesta? Que el 22 por ciento cree que se va a llegar a un acuerdo perjudicial y otro 22 por ciento de los bonaerenses cree que no se va a llegar a un acuerdo. Sin embargo, 3 de cada 4 bonaerenses están a favor de llegar a un acuerdo. Es decir, la gente, daría la impresión, en la provincia de Buenos Aires está pidiendo un acuerdo, no una ruptura.
¿Qué es lo importante, lo que hay que mirar?
Lo único que hay que mirar ni siquiera es si va a haber o no un acuerdo con el Fondo. Lo que habría que preguntarles a los bonaerenses y en general a los argentinos es si el Gobierno debe tener o no un plan económico. No para el Fondo, sino para los argentinos. No es una deuda con Kristalina Georgieva, es una deuda con la ciudadanía argentina. Y sobre todo, es una deuda con los sectores más vulnerables que por la ausencia de un plan económico tienen que soportar una inflación descontrolada.
De esto es de lo que no habla Guzmán. Y esto es lo que le están preguntando afuera y adentro a Guzmán. Cuál es el plan. ¿Se está acercando a los objetivos que había planteado el año pasado o se está alejando? ¿Cuál es el programa económico para normalizar una economía muy desquiciada? Guzmán hace lo que el tero. Como dice el Martín Fierro: “Como hacen los teros/ para esconder sus niditos:/ en un ‘lao’ pegan los gritos y en otro tienen los güevos”. Los huevos son el plan económico que falta y los ajustes a los que obligaría. Los gritos son la sobretasa, los 25 años de plazo, el acuerdo político. Todo eso que sirve para que no podamos discernir correctamente lo medular de lo accidental del problema económico.
Esto es Guzmán. El resto del Gobierno tiene una visión sobre las negociaciones con el Fondo muy típicas del kirchnerismo. Hay algo central al kirchnerismo que en general es bastante similar a otras manifestaciones, por decirlo de alguna manera, populistas, que es pensar que no hay ninguna zona en la realidad -económica, energética, sanitaria- que no pueda modelarse, doblegarse ante el poder político. Todo es política. Si uno aplica la presión política como corresponde, las cosas se enderezan. Aunque sea la falta de reservas monetarias o la falta de gas. Esta idea, que ha llevado al propio kirchnerismo por caminos costosos desde el punto de vista político, también se aplica en el caso del FMI.
Primer prejuicio político: Georgieva y los funcionarios del Fondo tienen miedo a que no paguemos; por lo tanto tenemos mucho margen de negociación, porque podemos amenazar con no pagar y ellos van a tener que rendirse. Información, no opinión: cuando Georgieva llegó a la dirección del FMI, pensó en dos cosas: quiénes iban a ser sus colaboradores y, la segunda cuestión: preguntó al área de legales qué pasaría si la Argentina no paga. Es una gran pregunta porque es una deuda de US$57.000 millones. Le contestaron que no pasaba nada. ¿Por qué? Porque no es un banco. No paga y se contabilizará como que no paga. En algún momento normalizará su deuda.
Pero no hay una crisis porque la Argentina no pague lo que debe. Lo que habría sí es un gran conflicto político. Porque los dueños del Fondo son países. Entre ellos está la Argentina. No son financistas privados. Quiere decir que ese margen que supone el Gobierno es un margen ilusorio, un espejismo.
La segunda idea fantasiosa es que el papa Francisco nos va a ayudar, porque Georgieva es muy religiosa. Aunque Georgieva sea ortodoxa, no católica. No importa. Sin embargo el Papa no recibió a Alberto Fernández porque está distanciado de Alberto Fernández. Ya antes se había distanciado de Cristina Kirchner. La excusa es siempre la misma: “No recibimos dirigentes en medio de campañas electorales”. A pesar de un pedido del ministro Guzmán, que sí sigue teniendo buena relación con el Vaticano, a tal punto que, en este viaje a Roma, le anticiparon que lo van a invitar a integrar la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales, donde está su maestro Jospeh Stiglitz, donde está también Jeffrey Sachs, que es otro economista que sirvió también de vocero a esta posición del Gobierno frente al Fondo.
Guzmán es invitado por el Papa y sobre todo por Marcelo Sánchez Sorondo, un obispo argentino que es el canciller de esa Academia y que se está por jubilar. Probablemente lo suceda un jesuita. Bergoglio recurre a su Compañía, a los jesuitas, para dominar también ese recurso…
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Fuente: lanacion.com.ar