La ley apunta a repatriar u$s260.000 del colchón

Esta conexión entre la Ley de Inocencia Fiscal y la futura reglamentación del Blanqueo de Dólares del Colchón es un paso crucial para el Gobierno argentino en su lucha contra la evasión fiscal y la economía informal. La intención es incorporar esos ahorros en dólares al circuito formal de la economía, de manera que puedan ser utilizados para inversiones productivas y contribuir al crecimiento económico del país.

La Ley de Inocencia Fiscal establece nuevos umbrales para considerar la evasión como delito, aumentando significativamente los montos mínimos requeridos para que una conducta sea considerada como tal. Esto busca evitar que pequeñas demoras administrativas o errores formales sean penalizados de manera desproporcionada, protegiendo especialmente a las pymes y monotributistas.

Los tributaristas han expresado algunas objeciones a las multas automáticas elevadas que podrían resultar de la aplicación de la ley, argumentando que podrían afectar injustamente a contribuyentes que no tuvieron intención de evadir impuestos. Sin embargo, la reforma busca establecer criterios más claros y justos para determinar cuándo una conducta debe ser considerada como evasión fiscal, reservando el derecho penal para casos de verdadera gravedad económica y dolo relevante.

Uno de los puntos más importantes de la reforma es la vinculación entre la prescripción administrativa y la penal, de manera que si la deuda fiscal ya no puede ser determinada por prescripción, la acción penal no debe continuar. Esto busca corregir una anomalía histórica que permitió durante años procesos penales desvinculados de una deuda fiscal jurídicamente exigible.

En resumen, la Ley de Inocencia Fiscal y la futura reglamentación del Blanqueo de Dólares del Colchón representan un paso importante en la lucha contra la evasión fiscal y la economía informal en Argentina. Estas medidas buscan promover la transparencia y la formalidad en el sistema tributario, incentivando el cumplimiento temprano de las obligaciones fiscales y desalentando la llegada tardía al proceso penal. Con estas reformas, el Gobierno espera recuperar una parte significativa de los ahorros en dólares que los argentinos mantienen fuera del sistema bancario, contribuyendo al desarrollo económico del país.

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La importancia de la Ley de Inocencia Fiscal

Si el organismo recaudador ya no puede determinar el tributo por prescripción, la acción penal no debe continuar. Esta regla corrige una anomalía histórica que permitió durante años procesos penales desvinculados de una deuda fiscal jurídicamente exigible.

La reforma del artículo 19 también merece atención, ya que se amplían y sistematizan los supuestos en los que no corresponde formular denuncia penal, incorporando de manera expresa las diferencias interpretativas fundadas, los criterios técnico-contables exteriorizados en forma previa o simultánea a la declaración jurada, las presentaciones espontáneas antes de la fiscalización y los ajustes basados exclusivamente en presunciones sin prueba adicional.

En un país donde la informalidad no es un eslogan, sino una respuesta acumulada a la inestabilidad, el desafío central será la confianza.

La certeza de que ingresar al sistema no será castigado retroactivamente y de que las reglas no se reescribirán de manera constante es condición necesaria para cualquier política de formalización duradera.

Pero, no todo en la futura Ley de Inocencia Fiscal es bueno para los tributaristas; desde hace días reclaman sobre los efectos negativos que tendrá la actualización de los montos de las multas automáticas, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas (pymes).

«Los montos de incremento que tiene el proyecto son muy importantes. Por ejemplo, la multa del artículo 38, que hoy son de $200 está totalmente desactualizado y para personas humanas, pasa a $220.000 y para personas jurídicas, de $400 a $440.000», comentó el CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez, antes de la aprobación en Diputados de la semana pasada.

Se trata de multas que se aplican ante la falta de presentación en tiempo y forma de las declaraciones juradas. «Puede haber una pyme que se atrasa un día por problemas administrativos, porque faltan los empleados o una persona humana tamaño. Y tener una multa es bastante oneroso para este tipo de empresas pequeñas», comentó Domínguez.

La iniciativa del Gobierno, que el ministro Luis Caputo definió en abril pasado como fundamental para que la economía continúe creciendo al ritmo del 6% anual, establece modificaciones en el Régimen Penal Tributario, además de cambios en el Código Civil y Comercial y en el Régimen de Procedimiento Tributario, a los fines de darle seguridad jurídica a los contribuyentes de que no serán perseguidos por otra gestión. El debate continúa en el Congreso, y la implementación efectiva de la ley será clave para equilibrar control fiscal, recaudación y alivio para el sector privado.

Conclusiones

En resumen, la Ley de Inocencia Fiscal propone un cambio fundamental en el enfoque del sistema tributario, buscando establecer una mayor previsibilidad institucional y evitar la persecución penal en casos donde la deuda fiscal ya no puede ser determinada por prescripción. Sin embargo, la actualización de los montos de las multas automáticas ha generado preocupación entre los tributaristas, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.

Es crucial encontrar un equilibrio entre el control fiscal, la recaudación y la protección de los contribuyentes, para garantizar un ambiente propicio para la formalización y el crecimiento económico sostenible. La confianza en el sistema tributario será clave para promover la participación activa de los contribuyentes y fomentar el cumplimiento temprano de sus obligaciones fiscales.