Nueve policías militares fueron imputados por la Policía Civil de São Paulo por homicidio, cuando no hay intención de matar, por la acción que terminó con nueve jóvenes muertos en un funk ball en Paraisópolis, en el sur de la capital, en diciembre. 2019.
La investigación aún no ha sido completada por el Departamento de Homicidios y Protección de Personas (DHPP) ni ha sido remitida a los tribunales, pero el delegado responsable del caso, Manoel Fernandes Soares, concluyó que las muertes se debieron a la acción culposa de 9 de los 31 agentes que fueron sacados de las calles luego de la tragedia.
Según la SSP (Secretaría de Seguridad Pública de São Paulo), la DHPP informa que la consulta referida, una vez concluida, tendrá el informe final remitido a la Corte. La autoridad policial, luego de analizar las pruebas en el expediente, concluyó que nueve agentes fueron imputados por homicidio involuntario. Dicha información fue remitida al Ministerio Público y al Poder Judicial el día 23.
Según el auto de procesamiento revelado por TV Globo y G1, la policía no observó «el cuidado objetivo necesario que se requería de ellos, siendo previsible, en el contexto de la acción, la ocurrencia de un resultado letal». En opinión del delegado, los agentes implicados ya eran conscientes de la complejidad de la bola DZ7 y que la aproximación de los vehículos «provocaría prisa y comportamiento hostil por parte de los habituales».
El abogado Fernando Capano, quien defiende a 5 de los 9 policías imputados en la investigación, dijo a la hoja Cabe señalar que la acusación por homicidio «no concuerda con la correcta lectura jurídica de los hechos».
Para él, no hay forma de establecer un vínculo causal entre la conducta practicada por los policías que participaron en el hecho y la causa de las muertes. «La defensa está a la espera de que el Ministerio Público concluya que no hay fundamento para presentar la denuncia», dijo.
Si la fiscalía está de acuerdo con la conclusión del delegado, el abogado dice que «luchará hasta el final por la completa absolución de la policía, incluso para que los verdaderos culpables de la tragedia rindan cuentas».
la tragedia
El 1 de diciembre de 2019, alrededor de 5.000 personas se encontraban en el DZ7 Ball, en la favela de Paraisópolis. Esa noche, un operativo policial terminó con nueve muertos, de entre 16 y 23 años. Al menos otras 12 personas resultaron heridas.
Ninguna de las víctimas vivía en Paraisópolis. Entre ellos se encontraban estudiantes, vendedores y desocupados que vivían en barrios como Capão Redondo, también en el sur, Vila Matilde, en el este, y en ciudades del Gran São Paulo, como Mogi das Cruzes.
Al menos nueve PM habrían llegado primero a la escena. Luego se llamó a refuerzos y más agentes acudieron al lugar.
Casi dos años después de las muertes, las investigaciones aún no han dado como resultado la identificación y el castigo de los culpables.
La versión oficial de la policía es que hubo una persecución policial detrás de una motocicleta alrededor de la pelota. Los agentes habrían seguido a los delincuentes hasta que ingresaron a la calle donde se concentraban los asistentes a la fiesta.
En respuesta a la presencia del primer ministro, los jóvenes arrojaron palos y piedras a la policía. También según la versión policial, el motín habría generado la acción de agentes con bombas de efecto moral, gases lacrimógenos y porras. Los sospechosos buscados por los agentes no fueron identificados ni arrestados.
Los jóvenes que resultaron heridos en el motín y familiares de las víctimas aseguran que no hubo operativo de rescate y que la policía realizó una emboscada para acabar con el funk ball.
Según los informes obtenidos exclusivamente por la hoja, la causa de muerte indicada es la asfixia mecánica por asfixia indirecta. El examen muestra un trauma consistente con el pisoteo, como hematomas y abrasiones.
Los miembros de la familia, sin embargo, refutan la hipótesis de que los adolescentes han sido pisoteados hasta la muerte. Creen que los jóvenes fueron asesinados al ser golpeados por agentes.
Según la Defensoría del Pueblo, los agentes arrinconaron a las víctimas en un callejón sin salida mientras golpeaban a los jóvenes, provocando disturbios. Los PM lo niegan.
Los videos tomados por los residentes en el lugar de los asesinatos muestran a agentes de policía golpeando a jóvenes en un callejón.
La investigación realizada por la División de Asuntos Internos del Primer Ministro concluyó que la policía militar no cometió irregularidades. El organismo consideró que los agentes actuaron en defensa propia al dispersar el balón con bombas y solicitó la presentación del IPM (Consulta de la Policía Militar).
La otra investigación la lleva a cabo la Policía Civil, que acusó a los 9 PM, pero aún está en curso.
Además de la condena de la policía, las familias de los jóvenes siguen esperando la indemnización prometida por el gobierno de João Doria (PSDB), que no ha salido del periódico.
Tras la tragedia, el tucán anunció que habría una rápida reparación a las familias y que formaría una comisión para dar seguimiento al caso, lo que tampoco se cumplió.
Posteriormente, la dirección estatal manifestó que cualquier decisión sobre la indemnización estaba supeditada a la conclusión de las investigaciones. En opinión de la Defensoría Pública, el Fiscal General del Estado no necesita esperar a que concluya la investigación para indemnizar a las familias.
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