En una carta enviada a la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), el presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendió la regulación de las redes sociales para evitar lo que llamó una amenaza a la democracia por parte de las plataformas en línea.
«No podemos permitir que la integridad de nuestras democracias se vea afectada por unos pocos actores que controlan las plataformas digitales», dice la carta a la directora general Audrey Azoulay, leída este miércoles (22) por el secretario de Políticas Digitales de la Secom, João Brant, en el global conferencia «Internet for Trust» en París.
La conferencia de la Unesco ha estado debatiendo lineamientos globales para la regulación de Internet. La carta del PT, que aboga por una legislación «que corrija las distorsiones de un modelo de negocios que genera ganancias con la explotación de los datos de los usuarios», fue leída en medio de la discusión en el gobierno brasileño por la adopción de reglas que obliguen a las redes sociales a retirar contenidos que viola el Estado de derecho.
Tras la oposición del alcalde Arthur Lira (PP-AL), Planalto se retractó de su intención de redactar una medida provisional que impondría un «deber de cuidado» a las plataformas, es decir, la obligación de impedir la difusión de contenidos que viola la ley, tales como solicitudes de abolición del Estado de Derecho, estímulo de la violencia para derrocar al gobierno o incitación a la animosidad entre las Fuerzas Armadas y los Poderes.
Ahora, la idea es incorporar las medidas al proyecto de ley 2630, conocido como proyecto de ley de noticias falsas, pero existen dudas sobre la factibilidad de hacerlo. Según informó el diputado Orlando Silva (PCdoB-SP), la propuesta está en proceso desde hace tres años. Aprobó el Senado, pero se estancó en la Cámara en medio de la controversia.
Uno de los puntos en discusión es la previsión de extender la inmunidad parlamentaria al trabajo en plataformas en línea. El punto es prioritario para Lira, pero enfrenta resistencias del gobierno y la sociedad civil, pues es visto como una libertad para que los políticos desinformen con impunidad.
Otra barrera es el hecho de que el proyecto no prevé sanciones para las plataformas de internet que no actúen contra los contenidos que violan la ley. Hoy, según el Marco Civil da Internet, estas plataformas solo pueden ser responsables si no eliminan contenido después de una orden judicial. El gobierno aboga por la flexibilidad, para que haya una forma de responsabilizar a las empresas que no actúan con diligencia.
Para un ala del gobierno, si la propuesta no incorpora este punto, la regulación será ineficaz, porque mantendrá la inmunidad de las redes. Parte de la sociedad civil y el Congreso, por otro lado, argumentan que la rendición de cuentas llevaría a las empresas a autocensurarse eliminando contenido legítimo para evitar sanciones.
El gobierno también se opone a la previsión de autorregulación, esgrimiendo como argumento el retraso de las plataformas, durante la campaña electoral, para actuar contra contenidos que violaban sus propias reglas de uso. Tampoco hay consenso sobre la necesidad de crear un ente regulador que determine si las empresas han cumplido con su deber de diligencia y si, en caso contrario, deben ser multadas.
Otro punto sensible es un punto del PL que establece la financiación del periodismo y la negociación entre vehículos de prensa y plataformas de internet para el pago de contenidos. Empresas de comunicación como Rede Globo son firmes partidarias de la medida, mientras que las plataformas se oponen rotundamente.
Los lineamientos en discusión en la Unesco enfatizan la necesidad de «hacer frente a los contenidos que son ilegales y que representan una amenaza para la democracia y los derechos humanos», contrario a la versión actual del proyecto de ley, al tiempo que «garantizan la libertad de expresión y el acceso a la información».
Las reglas en debate establecen que las plataformas deben analizar sistemáticamente los contenidos que representen una amenaza para la democracia y adoptar etiquetas que indiquen posibles problemas, además de no realizar amplificación algorítmica o monetización de dichos contenidos. Al mismo tiempo, las directrices de la UNESCO están en contra de imponer una regla de monitoreo de contenido que conduzca a medidas proactivas con respecto a publicaciones y contenidos ilegales, una posición defendida por el Ministerio de Justicia.
«Las plataformas digitales no deben ser consideradas responsables si actúan de buena fe y con diligencia y si realizan investigaciones y otras medidas para detectar, identificar y eliminar contenido ilegal», dice un extracto del borrador de directrices, que se está preparando en la conferencia. en París y debería tener su versión final publicada a mediados de este año.
La propuesta del Ministerio de Justicia de Brasil, que se incorporaría al proyecto de ley de noticias falsas, prevé la rendición de cuentas y la eliminación proactiva de contenido por parte de las plataformas. Sin embargo, establece que las empresas no serían responsables de ciertos cargos que violen la ley, sino que solo serían multadas si hubiera un incumplimiento generalizado del «deber de diligencia».
En la carta a la Unesco, Lula afirma que la campaña de desinformación que culminó con los ataques contra la sede de las tres Potencias, el 8 de enero, en Brasilia, fue «alimentada, organizada y difundida a través de diversas plataformas digitales y aplicaciones de mensajería». «Esto tiene que parar».
Noticia de Brasil
Fuente: uol.com.br