Veto presidencial al Proyecto de Ley de Sentencia
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetó en su totalidad, este jueves, el proyecto de ley que buscaba reducir las penas del expresidente Jair Bolsonaro y otros condenados por intentos de golpe de Estado, incluidos los episodios vandálicos del 8 de enero de 2023. La propuesta, conocida como Proyecto de Ley de Sentencia, fue rechazada por el mandatario durante una ceremonia en el Palacio do Planalto, coincidiendo con el tercer aniversario del asalto a la Plaza de los Tres Poderes de Brasilia de 2023.
Decisión esperada por el presidente
La decisión de Lula no sorprendió a los parlamentarios, ya que desde la presentación del proyecto de ley, el presidente había manifestado su intención de vetarlo. Consideraba que la propuesta podría beneficiar a aliados políticos y debilitar la rendición de cuentas por los intentos de golpe.
Contenido del Proyecto de Ley vetado
El proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados y el Senado buscaba reducir las penas aplicadas al expresidente Jair Bolsonaro y a otros imputados del «núcleo crucial» de la trama golpista, así como a los implicados en los hechos del 8 de enero. La propuesta establecía un mecanismo para agilizar la progresión de los regímenes de sentencia y contemplaba la reducción de hasta 2/3 de la pena impuesta a los delincuentes comunes de los atentados del 8 de enero de 2023. También establecía que el delito de intento de golpe de Estado absorbería el delito de intento de abolición del Estado en caso de condenas simultáneas.
Reacciones ante el veto presidencial
El veto de Lula generó diferentes opiniones en la sociedad brasileña. Mientras algunos sectores respaldaron la decisión del presidente por considerarla un acto de justicia y defensa de la democracia, otros criticaron la medida argumentando que se estaba impidiendo la aplicación de una ley que buscaba la reconciliación y la pacificación en el país.
Resumen
En conclusión, el presidente Lula da Silva vetó en su totalidad el Proyecto de Ley de Sentencia, que buscaba reducir las penas de los condenados por intentos de golpe de Estado, incluido el expresidente Jair Bolsonaro. Esta decisión, esperada por el mandatario, ha generado opiniones divididas en Brasil sobre la defensa de la democracia y la rendición de cuentas en el país.